Una política de paliativos para frenar la crisis social no
es resolverla, ni menos aún logra cubrir las expectativas de los trabajadores
que votaron al Frente de Todos, esperanzados en un giro de 180 grados, pero la
aguja se torció solo un poco.
Para la clase obrera y los sectores sociales más
castigados con las políticas del gobierno macrista el voto a la “unidad”
peronista con otras fuerzas políticas y sindicales representó la herramienta
para impedir un nuevo período de saqueo y de destrucción de las fuerzas
productivas nacionales.
Pero llegar a las elecciones “en paz”, perdonándole la
vida a un gobierno que se caía si lo empujábamos en la calle, también supuso
sacrificios, sufrir durante meses precios inalcanzables para cubrir la canasta
básica de alimentos y las necesidades más elementales. Un sector importante de
la sociedad llegó a diciembre con lo justo, otro con deudas y otro debió
recurrir a las ayudas de la caridad y de los comedores populares. Los precios y
los despidos no dejaron ascender.
Las
primeras medidas
Los bonos, la doble indemnización y las tarjetas para
alimentos implementados durante estos días por el nuevo gobierno están
dirigidos a la franja de la sociedad que ya no podía comer ni sostener a su
familia. Sin embargo, los tiempos del gobierno son unos y los de las necesidades
de los trabajadores y el pueblo son otros.
Una expresión lamentable de la urgencia social son los
niños pequeños que todavía duermen en las calles de la Ciudad de Buenos Aires,
el distrito más rico del país, se integran al paisaje cotidiano de las recovas
y de los pocos espacios públicos que sobreviven a la privatización salvaje del
gobierno de Larreta: la plaza frente al Palacio de Tribunales, las anchas
veredas de la Diagonal Norte cerca del Obelisco u otros rincones del
microcentro porteño. Esos niños que duermen a metros de los edificios que
albergan los poderes del Estado, sin asistencia, no cuentan ni con nutrición
adecuada ni una vivienda digna ni condiciones ambientales que les garantice
crecer saludablemente.
En este contexto de una crisis social casi sin
precedentes, ¿cuáles deberían ser las prioridades de los gobernantes sino
atender a estas urgencias? ¿Lograr superávit fiscal para quedar bien con el FMI
como supuesta ayuda a la renegociación de la deuda? ¿Pactar precios con los
monopolios que dominan el mercado de alimentos y de la salud mientras todos los
días nos despertamos con aumentos en las verduras, las carnes, los lácteos y
los medicamentos? ¿Pactar con el gorilaje macrista los porcentajes de subas en
los impuestos que deberían pagar los personajes que dominan los resortes de la
economía, los dueños de miles de hectáreas entre otros y que veranean en Punta
del Este? ¿Tomar medidas como “aplanar” la pirámide de las jubilaciones para
que el FMI lo felicite? También, por temor a la hiperinflación, el nuevo gobierno busca
“desindexar” la economía pidiendo a la burocracia sindical que sea “prudente”
en las paritarias y pactando unos “precios cuidados” que son una joda porque
los grandes productores y supermercados ya los subieron un montón
preventivamente.
Esta unidad de los trabajadores y el pueblo pobre que
llevó al poder a los Fernández corre el peligro de resquebrajarse porque la
burocracia sindical y el poder político ofrecen aumentos solo a los sectores
que la patronal acuerda, como camioneros, aceiteros y bancarios, y el resto
debería esperar mejores condiciones de la economía. Se tiran aumentos para las
jubilaciones mínimas y se fija un aumento salarial a cuenta de las futuras
paritarias, contando con la “prudencia” de la burocracia, mientras la CGT (y
todas las direcciones sindicales) siguen con la política de que unos pocos
gremios superen la inflación, y el resto, que son la gran mayoría, se jodan.
Para no hablar de los jubilados pobres que están por encima de la mínima, ni de
la masa de trabajadores no sindicalizados, tercerizados, monotributistas que
realizan tareas que son parte del funcionamiento normal de la empresa privada y
del Estado, y de los precarizados en general.
En síntesis, no es cierto que el gobierno tenga una
política a favor del conjunto de los trabajadores peor pagados, ni de los
jubilados pobres que están por encima de la mínima, ni de la clase media baja hasta
ahora aliada a la clase obrera. Al revés; es una política cuyo único resultado
posible es que nos dividamos, que en menos de dos años suframos una nueva
derrota política electoral y caigamos en una mayor crisis social y económica, e
incluso que el gorilaje gane fuerza en la calle.
Tampoco es cierto que hayan logrado un plan de emergencia
y de solidaridad en una mesa de concertación y menos todavía en el Parlamento,
donde todos buscan alguna prebenda a cambio del voto, porque ni el
imperialismo, ni la oligarquía financiera, industrial o agropecuaria dejaron de
pelear por sus ganancias, sin importarles un bledo la situación social; al
contrario de eso, les convino aumentar el ejército de desocupados y las rebajas
logradas en los salarios.
El
imperialismo opera sin anestesia
Convocar de manera inmediata a los “sectores de la
producción” como reclama Duhalde, hacer una quita importante de la deuda como
sugiere Joseph Stiglitz, son algunos de los consejos que reciben los actuales
funcionarios para sortear la crisis económica. Pero el gobierno de Fernández no
recibe solo recomendaciones sino también presiones, y para eso están los
Estados Unidos y sus lacayos en la región, como el presidente de Brasil,
Bolsonaro.
Le exigen en primer lugar, alineación contra Irán y
Venezuela para que sean tratados como países enemigos, el primero culpado sin
pruebas por los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA, y el otro, Nicolás
Maduro, culpado de dirigir un régimen dictatorial. Como también culparon de
antidemocrático a Evo Morales en Bolivia, y para liquidarlo implementaron junto
a los militares y la derecha fascista boliviana un golpe sangriento para
arrebatarle el poder, y esperan la oportunidad para hacer lo mismo en Nicaragua
o en Cuba.
Estas presiones se manifestaron desde el día de la
asunción, el 10 de diciembre, en el acto protocolar de presentación del
presidente Alberto ante los representantes extranjeros. El director para el Hemisferio Occidental del Consejo
Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Mauricio
Claver-Carone, un funcionario de peso en la Casa Blanca, decidió irse
debido a que no quería compartir esos eventos con el embajador venezolano.
Este suceso que no debe pasar
inadvertido: es el disciplinamiento que se espera de nuestra política
internacional. Y si no, nos pasan al “bando del mal”, y la Argentina sufrirá
las consecuencias, como hoy sufre el pueblo venezolano. Hablando en criollo,
marcaron la cancha, pero pueden ir por más.
Esta saga continua en estos días cuando la embajada
yanqui le pidió al gobierno de Alberto Fernández trabajar para que Evo Morales no abuse de su estatus en la Argentina, es
decir que no haga ninguna declaración contra los golpistas bolivianos y mucho
menos le permitan que organice su partido para presentarse a elecciones.
Como buscaron también el apoyo para justificar el brutal
asesinato de un alto funcionario del régimen iraní, Qasem Soleimani, jefe de la
fuerza Al Quds de los Guardianes de la Revolución, y de sus acompañantes, como
un acto “contra el terrorismo internacional”. Dicho asesinato, que es
considerado como acto de guerra hasta por el periodismo internacional, fue
cometido en Irak con total impunidad por el gobierno asesino de Trump.
Otro camino
es posible
Durante la campaña electoral el Frente de Todos levantó
como consigna esperanzadora que “otro camino es posible” para ganarse a
millones de trabajadores para su programa el cual consistía de:
·
Desayuno, almuerzo, merienda y cena.
·
Emergencia alimentaria.
·
Medicamentos gratis para los jubilados.
·
Aumento del 20% de las jubilaciones
·
Salario mínimo equivalente a la canasta básica.
·
La prioridad del gobierno será cubrir la deuda con
el pueblo trabajador, no con el FMI ni con los bancos.
Estas son las propuestas que están en riesgo cuando
Trump, Clarín y La Nación, junto a los sojeros y a los especuladores financieros,
vociferan sus presiones y amenazas contra el gobierno de Alberto Fernández.
No pasarán
Si realmente el gobierno quiere llevar adelante
las medidas que prometió en campaña y
que dice defender, debe responder contundentemente y para ello Alberto y Cristina, junto a la CGT, CTA, los movimientos sociales, La Cámpora,
el peronismo en general, deben convocar a una gran movilización de millones de
trabajadores para marcarles la cancha a estos sectores patronales oligárquicos
e imperialistas, a los sojeros, a Clarín,
a La Nación y al FMI. Y de esta
manera poder emprender el otro camino, el de restablecer los salarios y
jubilaciones, el de que todos puedan comer.
¡Los trabajadores y el pueblo pobre no debemos aceptar
ningún sacrificio más! Se necesitan medidas urgentes para resolver el problema
de la vivienda digna, el hambre y la desnutrición. Instrumentar de manera
urgente colonias de verano para que todos los niños tengan un lugar donde
comer, dormir y asearse en condiciones dignas.
Un plan de obras públicas de la Nación para dar trabajo y
salarios dignos y no changas de pico y pala para sostenerse en la miseria “digna”.
¡Alberto nos dijo que si nos fallaba le reclamemos en la
calle! ¡Tomémosle la palabra!
¡Defendamos la soberanía del país, de la clase
trabajadora y del pueblo pobre del chantaje oligárquico imperialista!
Nosotros opinamos que no hay que pagar la deuda pero el
Frente de Todos ganó las elecciones diciendo que la iba a pagar. ¡El pueblo
debe saber de qué se trata! Reclamemos al gobierno que toda negociación con el FMI
o con los Fondos Buitres sea pública,
para que sepamos, paso por paso, qué les propone el gobierno y qué contestan
ellos, sin reuniones a escondidas, sin “letra chica” y sin clausulas secretas.
No abandonemos la organización de base de los
trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres, de los barrios y demás
organismos sociales o políticos. Es allí donde debemos debatir los programas
contra el hambre y la pobreza. Nosotros sabemos cómo, porque somos los que la
sufrimos. Como sufrimos también las plagas de una sociedad en descomposición.
No debemos delegar en ningún funcionario nuestro futuro ni el de nuestros
hijos.
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