El cinismo y las tergiversaciones que dan marco a la información diaria alcanza límites de impunidad atroz.
Bajo el capitalismo, las mentiras son la base de sustentación de un sistema en el que, como en Argentina, mientras los niños sufren desnutrición el negocio agroindustrial es uno de los verdaderos pilares de la economía nacional siendo líder en el mercado mundial con muchas de sus exportaciones. Además, y a pesar de las grandes ganancias, la manipulación especulativa le permite a uno de los mayores monopolios del agro declararse bajo «estrés financiero», y así, de un día para otro, dejar de pagar sus deudas. Nadie se sorprendió de los titulares del último 5 de diciembre en los principales medios de prensa argentinos, cuando se dio la noticia de que Vicentín el quinto mayor exportador de granos y subproductos del país, anunciaba que no podría desembolsar los pagos comprometidos a sus acreedores, entre los cuales se encontraba el Banco Nación, porque sufría de «estrés financiero», una patología muy común en aquellas empresas que deciden que no pagarán sus deudas.
En un lenguaje más directo significa que los productores agropecuarios, en una de sus típicas maniobras financieras contra el Estado, realizaron ventas anticipadas de sus granos para no pagar impuestos, para que sobre esas ventas el nuevo gobierno (que asumió el 10/12) no le aplique retenciones. Por lo tanto, Vicentín aceleró las compras de materias primas y se quedó sin plata para pagar a sus acreedores, además de otras maniobras financieras, que con seguridad ocultó. La preocupación de ese momento, que sacudió a todo el mundillo económico y político y a la Bolsa de Cereales, en estos días se acrecentó, porque la principal deuda de la empresa es con el Banco Nación. Bajo la presidencia del radical fascista González Fraga, se le otorgó a Vincentín un crédito de más de 18.000 millones de pesos, incumpliendo las normas del banco para dar créditos. Un informe de los actuales directores del Banco dice:
«Claramente el “muerto” que la administración Macri-Fraga dejan en el Banco Nación es resultado de una maniobra fraudulenta de la firma en complicidad con la anterior conducción política del país y de la institución financiera».
Hacia fines de enero, nuevas noticias anuncian que Vicentín mandó a default una deuda de 1.300 millones de dólares, de los cuales una cifra importante corresponde a acreedores del exterior y, según se informa, el grueso de sus pasivos financieros es con los bancos públicos, incluido el Banco Provincia. La cerealera se declaró en cesación de pagos unos días antes de la asunción del nuevo gobierno. Localmente, tiene deudas financieras y comerciales. Estas últimas principalmente con productores, acopiadores y cooperativas. Al Banco Nación dejó de pagarle en agosto, después de las PASO. A sus acreedores comerciales, el 6 de diciembre, casi con el cambio de gobierno.
Este holding, que es uno de los responsables directos del hambre que sufren millones en la Argentina, contó con el apoyo del gobierno de Macri para obtener ganancias, pero Vicentín, que ganó toneladas de dólares e hizo negocios millonarios con sus exportaciones, lo hizo a costa de los fondos públicos. Nada más y nada menos que embolsando grandes ganancias a costa de la producción y del comercio de alimentos y derivados, y financiando toda su actividad con créditos del Estado. Y mientras los precios se disparaban en el país e impedían que millones de trabajadores tuvieran acceso a productos de primera necesidad como el aceite, la harina o los cereales, la familia Vicentín, para asegurarse una buena rentabilidad, usaba parte de su patrimonio para financiar la campaña electoral de Cambiemos.
La estatización de Vicentín:
Una oportunidad histórica que plantean el kirchnerismo y otros dirigentes del Frente de Todos
El dirigente Francisco Paco Durañona, planteó que «la oportunidad para que el Estado se convierta en actor fundamental en la actividad agroexportadora es ahora», «Hay que estatizar Vicentín aprovechando que el grueso de sus acreedores son el Banco Nación y el Banco Provincia. El Estado argentino ya tiene participación accionaria en varias empresas a partir de la estatización de las AFJP», añadió el senador.
La diputada nacional Fernanda Vallejos compartió esta idea y destacó: «Suscribo fervientemente. Es un camino perfectamente viable, enmarcado legalmente en la ley de quiebras».
Un grupo de organizaciones vinculadas a la llamada «economía popular» se sumaron por medio de un comunicado al reclamo de estatización de la empresa agroindustrial, y también lo hicieron dirigentes del Frente de Todos, como la UTEP de La Plata, que declararon «Es hora de soberanía alimentaria», y subrayaron que existe «una posibilidad histórica para estatizar un segmento de la producción, su distribución y la gestión de los alimentos por parte del Estado nacional».
Para eso, ofrecieron el «acompañamiento de las organizaciones de productores/ras de la agricultura familiar, campesina e indígena», e insisitieron en que «parte de ese camino es la estatización de Vicentín».
«Vicentín al servicio de las mesas de todos y todas», enfatizaron, al lado de la etiqueta #ArgentinaContraElHambre.
Por su parte, Ismael Jalil, dirigente de la UTEP La Plata, planteó que «el gobierno se encuentra ante una posibilidad histórica de volver a tener injerencia en el mercado de cereales, como lo hizo el peronismo con la Junta Nacional de Granos… aunque se trate de casos distintos y situaciones históricas diferentes».
«Lo importante es que el Estado argentino logre conducir un proceso de desarrollo sostenible y con justicia social, y para ello su participación parcial, o el control total de la empresa, puede ser muy importante», concluyó Jalil.
El comunicado que reclama su estatización está firmado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI-VC) , la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), el MTE-Rural, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente Agrario Evita (Rama Rural del Movimiento Evita), el Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor), la Federación Nacional Campesina (FNC) y La Vía Campesina.
Conclusión
Una vez más salen a flote las mentiras, las estafas y los privilegios que recibieron los monopolios y grandes empresarios desde el Estado durante el gobierno de Macri, multiplicando de esta forma sus ganancias a costa del sacrificio de los trabajadores y de las mayorías populares. Esta constatación está a simple vista.
En el caso de la empresa Vicentín, su situación quedó en el centro de las denuncias porque recibió de parte del Banco Nación una cifra inusual de préstamos, que no quiere devolver, aunque sí tuvo fondos para aportar a las campañas electorales de Juntos por el Cambio.
Vicentín cuenta con dos plantas en Santa Fe (San Lorenzo y Ricardone) con 800 empleados, hoy cerradas, y amenaza con despedir a 5.000 compañeros. Controla otras 15 firmas en el país, incluida una terminal portuaria en San Lorenzo. Y tiene una asociación estratégica con la suiza Glencore, con la que comparte la firma Renova, que produce biodiesel.
El nuevo gobierno estudia su estatización, los movimientos sociales y dirigentes kirchneristas la reclaman, los trabajadores debemos impulsar la movilización para que se concrete esta estatización junto a medidas de fondo que impidan que el precio de los alimentos esté manejado por los grandes monopolios. El plan contra el hambre necesita medidas eficaces y urgentes, las tarjetas no son suficientes. Por todos lados se discute en relación a las deudas que el gobierno de Macri tomó, a los millones de dólares que se deben, que el Estado debe y que los monopolios deben, pero a los trabajadores que no recibimos ni un centavo de dólar solo nos toca la parte de la paciencia, de mayores sacrificios y de sufrir «la pobreza digna», para que la renta nacional se destine al cumplimiento de los compromisos con los acreedores en un país cada vez más en ruinas.
El despilfarro de los fondos públicos durante el mandato macrista, dirigido a favorecer los negocios de la gran patronal, de los usureros de las finanzas y de las transnacionales imperialistas, fue acompañado por tremendas subas de precios, que el gobierno autorizó y que en el caso de los servicios alcanzó niveles confiscatorios. De conjunto, encarecieron la vida, aumentaron los problemas de salud y educación, y disminuyeron el salario real de la clase obrera y las jubilaciones. En la medida que se obtenían aumentos de salarios, aumentaban mucho más los precios. La ofensiva capitalista del empresariado se extendió a los ritmos de trabajo dentro de las fábricas y al aumento del trabajo precario, sin ninguna protección social.
Vicentín es un ejemplo entre muchos otros de que la solución no es el «consenso» entre las mayorías obreras y populares y la pequeñísima minoría de monopolios y multimillonarios extranjeros y nacionales de las finanzas, el comercio, el campo, los servicios y la industria. No hay consenso que valga con quienes se robaron el país. No hay que «consensuar» con la familia Vicentín cómo salvar sus empresas, hay que sacárselas sin pagarles un mango. El único «consenso» que debemos defender es la unidad que logramos por abajo para derrotar al macrismo con el voto. Ahora hay que desarrollar esa unidad con la acción de los trabajadores y el pueblo pobre dirigida a la nacionalización de Vicentín y de todas aquellas empresas que no se pongan al servicio de nuestras necesidades más urgentes.
1- Si se argumenta que no se pueden aumentar los salarios, las jubilaciones y los subsidios a las familias más pobres porque el Estado no tiene fondos, entonces se deberán rebajar de prepo los precios de los alimentos, los medicamentos y los servicios para todos los que no llegamos a fin de mes.
2- La provisión de los artículos de primera necesidad para una correcta nutrición de la población, el servicio de agua corriente y de cloacas de todos los barrios de los trabajadores, de gas y electricidad, de servicios de salud y medicamentos, como también de viviendas, a precios accesibles a la mayoría de la población, deberían constituir la prioridad de un verdadero plan económico y social para salir de la crisis.
Bajo el capitalismo, las mentiras son la base de sustentación de un sistema en el que, como en Argentina, mientras los niños sufren desnutrición el negocio agroindustrial es uno de los verdaderos pilares de la economía nacional siendo líder en el mercado mundial con muchas de sus exportaciones. Además, y a pesar de las grandes ganancias, la manipulación especulativa le permite a uno de los mayores monopolios del agro declararse bajo «estrés financiero», y así, de un día para otro, dejar de pagar sus deudas. Nadie se sorprendió de los titulares del último 5 de diciembre en los principales medios de prensa argentinos, cuando se dio la noticia de que Vicentín el quinto mayor exportador de granos y subproductos del país, anunciaba que no podría desembolsar los pagos comprometidos a sus acreedores, entre los cuales se encontraba el Banco Nación, porque sufría de «estrés financiero», una patología muy común en aquellas empresas que deciden que no pagarán sus deudas.
En un lenguaje más directo significa que los productores agropecuarios, en una de sus típicas maniobras financieras contra el Estado, realizaron ventas anticipadas de sus granos para no pagar impuestos, para que sobre esas ventas el nuevo gobierno (que asumió el 10/12) no le aplique retenciones. Por lo tanto, Vicentín aceleró las compras de materias primas y se quedó sin plata para pagar a sus acreedores, además de otras maniobras financieras, que con seguridad ocultó. La preocupación de ese momento, que sacudió a todo el mundillo económico y político y a la Bolsa de Cereales, en estos días se acrecentó, porque la principal deuda de la empresa es con el Banco Nación. Bajo la presidencia del radical fascista González Fraga, se le otorgó a Vincentín un crédito de más de 18.000 millones de pesos, incumpliendo las normas del banco para dar créditos. Un informe de los actuales directores del Banco dice:
«Claramente el “muerto” que la administración Macri-Fraga dejan en el Banco Nación es resultado de una maniobra fraudulenta de la firma en complicidad con la anterior conducción política del país y de la institución financiera».
Hacia fines de enero, nuevas noticias anuncian que Vicentín mandó a default una deuda de 1.300 millones de dólares, de los cuales una cifra importante corresponde a acreedores del exterior y, según se informa, el grueso de sus pasivos financieros es con los bancos públicos, incluido el Banco Provincia. La cerealera se declaró en cesación de pagos unos días antes de la asunción del nuevo gobierno. Localmente, tiene deudas financieras y comerciales. Estas últimas principalmente con productores, acopiadores y cooperativas. Al Banco Nación dejó de pagarle en agosto, después de las PASO. A sus acreedores comerciales, el 6 de diciembre, casi con el cambio de gobierno.
Este holding, que es uno de los responsables directos del hambre que sufren millones en la Argentina, contó con el apoyo del gobierno de Macri para obtener ganancias, pero Vicentín, que ganó toneladas de dólares e hizo negocios millonarios con sus exportaciones, lo hizo a costa de los fondos públicos. Nada más y nada menos que embolsando grandes ganancias a costa de la producción y del comercio de alimentos y derivados, y financiando toda su actividad con créditos del Estado. Y mientras los precios se disparaban en el país e impedían que millones de trabajadores tuvieran acceso a productos de primera necesidad como el aceite, la harina o los cereales, la familia Vicentín, para asegurarse una buena rentabilidad, usaba parte de su patrimonio para financiar la campaña electoral de Cambiemos.
La estatización de Vicentín:
Una oportunidad histórica que plantean el kirchnerismo y otros dirigentes del Frente de Todos
El dirigente Francisco Paco Durañona, planteó que «la oportunidad para que el Estado se convierta en actor fundamental en la actividad agroexportadora es ahora», «Hay que estatizar Vicentín aprovechando que el grueso de sus acreedores son el Banco Nación y el Banco Provincia. El Estado argentino ya tiene participación accionaria en varias empresas a partir de la estatización de las AFJP», añadió el senador.
La diputada nacional Fernanda Vallejos compartió esta idea y destacó: «Suscribo fervientemente. Es un camino perfectamente viable, enmarcado legalmente en la ley de quiebras».
Un grupo de organizaciones vinculadas a la llamada «economía popular» se sumaron por medio de un comunicado al reclamo de estatización de la empresa agroindustrial, y también lo hicieron dirigentes del Frente de Todos, como la UTEP de La Plata, que declararon «Es hora de soberanía alimentaria», y subrayaron que existe «una posibilidad histórica para estatizar un segmento de la producción, su distribución y la gestión de los alimentos por parte del Estado nacional».
Para eso, ofrecieron el «acompañamiento de las organizaciones de productores/ras de la agricultura familiar, campesina e indígena», e insisitieron en que «parte de ese camino es la estatización de Vicentín».
«Vicentín al servicio de las mesas de todos y todas», enfatizaron, al lado de la etiqueta #ArgentinaContraElHambre.
Por su parte, Ismael Jalil, dirigente de la UTEP La Plata, planteó que «el gobierno se encuentra ante una posibilidad histórica de volver a tener injerencia en el mercado de cereales, como lo hizo el peronismo con la Junta Nacional de Granos… aunque se trate de casos distintos y situaciones históricas diferentes».
«Lo importante es que el Estado argentino logre conducir un proceso de desarrollo sostenible y con justicia social, y para ello su participación parcial, o el control total de la empresa, puede ser muy importante», concluyó Jalil.
El comunicado que reclama su estatización está firmado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI-VC) , la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), el MTE-Rural, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente Agrario Evita (Rama Rural del Movimiento Evita), el Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor), la Federación Nacional Campesina (FNC) y La Vía Campesina.
Conclusión
Una vez más salen a flote las mentiras, las estafas y los privilegios que recibieron los monopolios y grandes empresarios desde el Estado durante el gobierno de Macri, multiplicando de esta forma sus ganancias a costa del sacrificio de los trabajadores y de las mayorías populares. Esta constatación está a simple vista.
En el caso de la empresa Vicentín, su situación quedó en el centro de las denuncias porque recibió de parte del Banco Nación una cifra inusual de préstamos, que no quiere devolver, aunque sí tuvo fondos para aportar a las campañas electorales de Juntos por el Cambio.
Vicentín cuenta con dos plantas en Santa Fe (San Lorenzo y Ricardone) con 800 empleados, hoy cerradas, y amenaza con despedir a 5.000 compañeros. Controla otras 15 firmas en el país, incluida una terminal portuaria en San Lorenzo. Y tiene una asociación estratégica con la suiza Glencore, con la que comparte la firma Renova, que produce biodiesel.
El nuevo gobierno estudia su estatización, los movimientos sociales y dirigentes kirchneristas la reclaman, los trabajadores debemos impulsar la movilización para que se concrete esta estatización junto a medidas de fondo que impidan que el precio de los alimentos esté manejado por los grandes monopolios. El plan contra el hambre necesita medidas eficaces y urgentes, las tarjetas no son suficientes. Por todos lados se discute en relación a las deudas que el gobierno de Macri tomó, a los millones de dólares que se deben, que el Estado debe y que los monopolios deben, pero a los trabajadores que no recibimos ni un centavo de dólar solo nos toca la parte de la paciencia, de mayores sacrificios y de sufrir «la pobreza digna», para que la renta nacional se destine al cumplimiento de los compromisos con los acreedores en un país cada vez más en ruinas.
El despilfarro de los fondos públicos durante el mandato macrista, dirigido a favorecer los negocios de la gran patronal, de los usureros de las finanzas y de las transnacionales imperialistas, fue acompañado por tremendas subas de precios, que el gobierno autorizó y que en el caso de los servicios alcanzó niveles confiscatorios. De conjunto, encarecieron la vida, aumentaron los problemas de salud y educación, y disminuyeron el salario real de la clase obrera y las jubilaciones. En la medida que se obtenían aumentos de salarios, aumentaban mucho más los precios. La ofensiva capitalista del empresariado se extendió a los ritmos de trabajo dentro de las fábricas y al aumento del trabajo precario, sin ninguna protección social.
Vicentín es un ejemplo entre muchos otros de que la solución no es el «consenso» entre las mayorías obreras y populares y la pequeñísima minoría de monopolios y multimillonarios extranjeros y nacionales de las finanzas, el comercio, el campo, los servicios y la industria. No hay consenso que valga con quienes se robaron el país. No hay que «consensuar» con la familia Vicentín cómo salvar sus empresas, hay que sacárselas sin pagarles un mango. El único «consenso» que debemos defender es la unidad que logramos por abajo para derrotar al macrismo con el voto. Ahora hay que desarrollar esa unidad con la acción de los trabajadores y el pueblo pobre dirigida a la nacionalización de Vicentín y de todas aquellas empresas que no se pongan al servicio de nuestras necesidades más urgentes.
1- Si se argumenta que no se pueden aumentar los salarios, las jubilaciones y los subsidios a las familias más pobres porque el Estado no tiene fondos, entonces se deberán rebajar de prepo los precios de los alimentos, los medicamentos y los servicios para todos los que no llegamos a fin de mes.
2- La provisión de los artículos de primera necesidad para una correcta nutrición de la población, el servicio de agua corriente y de cloacas de todos los barrios de los trabajadores, de gas y electricidad, de servicios de salud y medicamentos, como también de viviendas, a precios accesibles a la mayoría de la población, deberían constituir la prioridad de un verdadero plan económico y social para salir de la crisis.
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