Los funcionarios y dirigentes kirchneristas que fueron encarcelados sufrieron acoso judicial en procesos penales absolutamente truchos; en realidad, fueron víctimas de persecución política y periodística en su contra. Dirigentes de movimientos sociales como Milagro Salas o D’Elía, Armando Boudou –que fue vicepresidente de Cristina–, Héctor Timerman –su ex canciller– son algunos de los que integran una lista de decenas de opositores políticos encarcelados durante el mandato de una típica «restauración conservadora» formada el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica de Carrió. La aplicación indiscriminada de prisiones preventivas, fallos «a medida», irregularidades de los procesos y demás arbitrariedades, con la complicidad manifiesta del Poder Judicial y en algunos casos del Parlamento, investigaciones amañadas incentivadas desde el gobierno acompañadas por el periodismo amigo y con el guiño de la Embajada de los Estados Unidos, fueron todos los ingredientes de un enorme guiso de pérdidas de garantías constitucionales, plato principal de un banquete del que participaron, bajo la dirección de Macri, Carrió, Alonso, Bullrich, Avruj, Peña, Santoro, Bonadío, Stornelli y muchos otros.
Todos los procesos hicieron famoso el edificio de «Comodoro Py» que alberga los Tribunales Federales de la Capital y donde se recibió el desfile de funcionarios kirchneristas antes de enviarlos al alojamiento carcelario, ceremonia debidamente filmada por los medios para dar la más amplia difusión a los «discursos de odio» de clase dirigidos a tomar partido contra el personaje y culparlo mediáticamente antes de que fuera declarado como tal por una sentencia. Fue todo un montaje para fomentar la persecución y el castigo hacia los que, según Clarín, La Nación y otros medios, «se robaron todo». La persecución penal y el linchamiento mediático, que ha recibido el nombre de lawfare o guerra jurídica, fueron las herramientas de esta cruzada en nombre de la «Justicia», diseñada desde Washington y aplicada en otros países de la región, que llevó a la cárcel a Lula para que Bolsonaro pudiera ganar las elecciones.
El gobierno de Alberto Fernández no debería equivocarse de enemigo, ni mucho menos pensar que no los tendrá porque podrá controlar a su ala más dura, que quiere hacer una limpieza de la banda de jueces y fiscales delincuentes que hicieron todo esto.
En la Argentina se llevó adelante una verdadera guerra jurídica contra políticos declarados «enemigos de la República» porque no habían sido obedientes a la banda cuyos intereses defendía Macri, integrada por los apellidos «ilustres» de la oligarquía y de la patronal, por los fondos buitres y demás parásitos chupasangre de las finanzas, por las transnacionales imperialistas, por los radicales más consecuentes con la esencia antiobrera y gorila de su partido como los gobernadores Morales (Jujuy) y Cornejo (Mendoza) y por los dueños de los grandes medios. Todos ellos cumplieron al pie de la letra los mandatos que llegaban vía las embajadas estadounidense e israelí. Y estaban dispuestos a ir por más, o sea, encarcelar a CFK como hicieron con Lula en Brasil.
En realidad se debería abrir también una investigación a la DAIA y la AMIA, organismos supeditados a las órdenes del Estado de Israel, que fueron parte denunciante contra el ex canciller Héctor Timermann, y que en 2015 habían sido consideradas por el mismo Timermann culpables de obstruir las investigaciones del atentado de 1994. El diputado nacional e integrante del Frente de Todos Leopoldo Moreau calificó el «asesinato» de Nisman como «una de las operaciones de marketing mejor concebida a nivel global» y señaló como responsable al «Estado de Israel, la derecha norteamericana, los fondos buitre y los socios locales de ese club».
Todos estos casos judiciales no solo deberían revisarse, hay que hacer tabla rasa con ellos y lograr la liberación inmediata de los presos. Serían actos de defensa de la soberanía, de las garantías constitucionales y de los derechos humanos pisoteados. No hacerlo con el argumento de «no interferir con la Justicia» sería una claudicación a la política imperialista, porque detrás de una maniobra judicial se escondió la orden de encarcelar a los políticos o dirigentes sociales que de algún modo lo enfrentaron. Nos parece correcta la denuncia de Hebe que le exige a Alberto Fernández que diga de que lado está. Este es un punto crucial del reclamo social que no se puede resolver sin la libertad inmediata de los presos y de defensa de nuestros derechos soberanos.
Es un problema que incumbe a los trabajadores, porque la falta de garantías constitucionales que hasta hoy se centró contra la cúpula de un gobierno «nacional y popular», mañana irá contra el conjunto de los luchadores obreros y populares. Detrás del show mediático dirigido a destruir a los dirigentes kirchneristas se pretendió ocultar la ideología de clase, la verdadera guerra y el verdadero enemigo, la lucha para convertir a nuestro país en una colonia, y a nuestra clase obrera y el pueblo pobre en esclavos de los explotadores.
Todos los procesos hicieron famoso el edificio de «Comodoro Py» que alberga los Tribunales Federales de la Capital y donde se recibió el desfile de funcionarios kirchneristas antes de enviarlos al alojamiento carcelario, ceremonia debidamente filmada por los medios para dar la más amplia difusión a los «discursos de odio» de clase dirigidos a tomar partido contra el personaje y culparlo mediáticamente antes de que fuera declarado como tal por una sentencia. Fue todo un montaje para fomentar la persecución y el castigo hacia los que, según Clarín, La Nación y otros medios, «se robaron todo». La persecución penal y el linchamiento mediático, que ha recibido el nombre de lawfare o guerra jurídica, fueron las herramientas de esta cruzada en nombre de la «Justicia», diseñada desde Washington y aplicada en otros países de la región, que llevó a la cárcel a Lula para que Bolsonaro pudiera ganar las elecciones.
El gobierno de Alberto Fernández no debería equivocarse de enemigo, ni mucho menos pensar que no los tendrá porque podrá controlar a su ala más dura, que quiere hacer una limpieza de la banda de jueces y fiscales delincuentes que hicieron todo esto.
En la Argentina se llevó adelante una verdadera guerra jurídica contra políticos declarados «enemigos de la República» porque no habían sido obedientes a la banda cuyos intereses defendía Macri, integrada por los apellidos «ilustres» de la oligarquía y de la patronal, por los fondos buitres y demás parásitos chupasangre de las finanzas, por las transnacionales imperialistas, por los radicales más consecuentes con la esencia antiobrera y gorila de su partido como los gobernadores Morales (Jujuy) y Cornejo (Mendoza) y por los dueños de los grandes medios. Todos ellos cumplieron al pie de la letra los mandatos que llegaban vía las embajadas estadounidense e israelí. Y estaban dispuestos a ir por más, o sea, encarcelar a CFK como hicieron con Lula en Brasil.
En realidad se debería abrir también una investigación a la DAIA y la AMIA, organismos supeditados a las órdenes del Estado de Israel, que fueron parte denunciante contra el ex canciller Héctor Timermann, y que en 2015 habían sido consideradas por el mismo Timermann culpables de obstruir las investigaciones del atentado de 1994. El diputado nacional e integrante del Frente de Todos Leopoldo Moreau calificó el «asesinato» de Nisman como «una de las operaciones de marketing mejor concebida a nivel global» y señaló como responsable al «Estado de Israel, la derecha norteamericana, los fondos buitre y los socios locales de ese club».
Todos estos casos judiciales no solo deberían revisarse, hay que hacer tabla rasa con ellos y lograr la liberación inmediata de los presos. Serían actos de defensa de la soberanía, de las garantías constitucionales y de los derechos humanos pisoteados. No hacerlo con el argumento de «no interferir con la Justicia» sería una claudicación a la política imperialista, porque detrás de una maniobra judicial se escondió la orden de encarcelar a los políticos o dirigentes sociales que de algún modo lo enfrentaron. Nos parece correcta la denuncia de Hebe que le exige a Alberto Fernández que diga de que lado está. Este es un punto crucial del reclamo social que no se puede resolver sin la libertad inmediata de los presos y de defensa de nuestros derechos soberanos.
Es un problema que incumbe a los trabajadores, porque la falta de garantías constitucionales que hasta hoy se centró contra la cúpula de un gobierno «nacional y popular», mañana irá contra el conjunto de los luchadores obreros y populares. Detrás del show mediático dirigido a destruir a los dirigentes kirchneristas se pretendió ocultar la ideología de clase, la verdadera guerra y el verdadero enemigo, la lucha para convertir a nuestro país en una colonia, y a nuestra clase obrera y el pueblo pobre en esclavos de los explotadores.
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