¿Somos todos iguales ante la ley?

El Artículo 14 de nuestra Constitución Nacional dice:

Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

Aunque aparentemente todos los individuos somos iguales ante la ley, todos sabemos que en la realidad no es así. Si uno es de una familia rica tiene asegurado el derecho a “aprender” desde la primaria hasta la Universidad, pero son poquísimos los hijos de una familia pobre que lo logran. Si uno es rico puede contratar a un abogado que cobra millones y es amigo de los jueces para que lo defienda, pero si es pobre no lo puede hacer, y por eso las cárceles están llenas de pobres y casi no hay ricos presos.

Lo que está en el fondo de esta desigualdad es que las clases sociales no tienen los mismos derechos. Un trabajador no tiene los mismos derechos que un patrón, que le da trabajo o lo despide si se le da la gana porque el patrón tiene el derecho de usar y disponer de su propiedad, o sea, de su empresa. Pero el trabajador no puede obligarlo a que lo tome ni impedirle que lo despida. Y esto vale tanto para la patronal privada como para el Estado-patrón, que bajo varios de los gobiernos que hemos sufrido despidió a miles de empleados públicos.

El problema está, entonces, en la verdadera desigualdad, la de la propiedad. La patronal es propietaria de los bienes de producción (industrias, campos, minas, etcétera) y de cambio (bancos, comercios, etcétera). El Estado es propietario de algunas empresas, y también de los servicios que presta (escuelas, hospitales, policía), de los dos bancos más grandes del país (el Nación y el Provincia), etcétera. El trabajador, en el mejor de los casos, es propietario de su casa, sus muebles y electrodomésticos, un autito o una moto, que pudo comprar trabajando pero los puede perder si queda desocupado, y también hay muchos que no son propietarios de casi nada. La verdadera propiedad del trabajador, la que define sus condiciones de vida es su fuerza de trabajo, su capacidad de producir poniendo en acción y desgastando sus músculos, sus nervios y su cerebro. Pero no es libre de usar y disponer de esa propiedad porque quien decide si él trabaja o no trabaja es el patrón.

Supongamos algo imposible: un día el Congreso vota una ley que obliga a los patrones a dar trabajo a los desocupados y les impide despedir a nadie, y que el presidente de turno no la veta. Inmediatamente la “Justicia” la declararía inconstitucional. Y lo peor es que tendría razón porque esa ley sería contraria no sólo a la letra sino también al “espíritu” de nuestra Constitución, que fue pensada y escrita con un criterio de clase, es decir, para hacer que funcione una sociedad capitalista, donde el único “derecho” permanente que tiene el trabajador es a morirse de hambre si la patronal no le da trabajo.