Repudiemos la brutal represión a las y los trabajadores de la Municipalidad de la Capital de Mendoza

En la mañana del domingo 5 de Julio, la policía desalojó violentamente a les compañeres de la municipalidad de la capital, el distrito más rico de la provincia.

La legislación esgrimida fueron los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional para combatir la pandemia, en este caso, el distanciamiento social, a los que adhiriera el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez.

Ulpiano Suarez, intendente y sobrino del gobernador, no escuchó los reclamos de aumento de salario y mejores condiciones de trabajo que le fueron pedidos por diferentes dirigentes y en varias ocasiones a lo largo del semestre y, sobretodo, a partir del inicio de la cuarentena.

Hace dos semanas, un grupo de trabajadores realizó una sentada pacífica en el playón municipal ubicado en el barrio La Favorita, en el piedemonte a menos de dos kilómetros del Cerro de la Gloria, punto turístico ineludible, con el objetivo de poner en marcha un plan de lucha. La respuesta fue el desalojo por ahogo: les tiraron gas lacrimógeno prácticamente en la cara y varios tuvieron que ser atendidos de urgencia.

Ante la evidente complicidad de los medios masivos con el gobierno y el no menos evidente aislamiento que representa protestar en el playón, decidieron encadenarse en el kilómetro cero de la ciudad, Peatonal Sarmiento y avenida General San Martín, desde el lunes 29 junio, con el apoyo de los sindicatos de docentes y trabajadores del estado, que vienen reclamando paritarias al gobierno provincial.

En siete días de reclamos sólo los medios independientes, y en zozobra económica permanente, reportaron la protesta. El silencio de los medios masivos tiene una cifra: 1650 millones de pesos en pauta publicitaria.

¿Por qué y desde cuando la violencia institucional es la respuesta a los reclamos?

Desde que Cambiemos llegó al gobierno, con el nefasto Alfredo Cornejo a la cabeza, empezó una serie de ataques a los trabajadores del estado, empezando por el ítem aula que castiga el ausentismo descontando el 10% del salario docente si alguno de éstos falta más de dos días seguidos o suma diez ausencias en el año escolar, aunque esté enfermo.

Le siguió la jubilación obligatoria de 10000 empleados y su remplazo por concursos de los que nadie se enteró y así entraron 4000 trabajadores al estado. Pero siguió sin pasar a planta permanente al personal de sanidad que viene contratado desde los gobiernos peronistas. Por supuesto, no renovaron contratos por prestación de servicios a cientos de empleados porque Cambiemos venía a modernizar el estado.

Para modernizar el estado, siempre a favor de la elite, el gobierno de Cornejo se endeudó en dos presupuestos, una parte importante en dólares, 40 %. Los ajustes siempre se dieron contra los servicios a cargo del estado, menos en seguridad. Ejemplo de esto fue la decisión de cerrar institutos de educación superior o cerrar carreras como historia o logística empresarial, solo para dar ejemplos, lo que generó una movilización en toda la provincia con permanencia pasiva en los edificios y marchas masivas en la capital, que contaron con el apoyo de estudiantes secundarios. Sobre los compañeros que votaron la permanencia cargaron con amenazas de la policía y de la justicia que finalmente procesó a estudiantes y profesores. Los institutos tienen horarios compatibles con los horarios de los jóvenes que trabajan y no pueden cursar en las universidades estatales. Esas facilidades las encontramos en las universidades privadas pero las cuotas son excluyentes. Algunas carreras se cerraron, pero no se cerraron los institutos.




La primera represión masiva se dio contra los manifestantes que apoyaban al pueblo chileno movilizado contra el pinochetismo encubierto (que se tornó insoportable producto de la crisis económica mundial y la inaceptable desigualdad social). Fueron a la puerta del consulado, como hacíamos hace treinta años junto a los exiliados políticos y económicos chilenos. Todo era pacífico hasta que un joven impidió el paso de un tranvía. Fue entonces que el jefe de policía, Munives, lanzó una feroz persecución contra todos los manifestantes y detuvo a cientos de jóvenes y activistas, periodistas y curiosos, vecinos y transeúntes. No está demás denunciar que el propio Munives encabezó los arrestos y las golpizas, que fueron grabadas.

Aunque Cambiemos ganó las elecciones a gobernador por margen amplio, producto de la traición de la derecha peronista que nunca aceptó a Fernández Sagasti, por mujer y por camporista, y Cornejo se retiró proclamando que dejaba una provincia financieramente equilibrada, Suarez, el nuevo gobernador, mandó un proyecto de modificación de la ley 7722 ,que impide la megaminería en Mendoza, entre navidad y año nuevo, con el apoyo del PJ; la extraordinaria movilización que desató esta decisión, hizo retroceder en chancletas al nuevo mandamás a dos semanas de su asunción.

La derrota del macrismo, sobre todo en agosto, ilusionó a los postergados del sistema y en Mendoza, aunque ganaron los radicales, existen demandas de muchos sectores que empezaron con ese triunfo político de diciembre. Pero, la pandemia y la cuarentena impidieron que se desarrollen en su totalidad, aumentaron la miseria, el desempleo y la precarización, eso fortaleció al gobierno que no abrió paritarias para nadie.

El reclamo de los municipales se enmarca en ese fortalecimiento del gobierno y el aislamiento de masas que impide las movilizaciones. El sueldo promedio es de 9000 pesos, los más postergados, los que levantan la mugre, fueron los que se encadenaron en la peatonal de la aristocracia, los turistas y los medio pelo. La represión tuvo un saldo de 36 detenidos, y una lista para detener, que fueron liberados a las 18 del mismo domingo, según informó la CORREPI. Una canallada encabezada por el mismísimo Munives, ordenada por el gobernador que, en auxilio de su sobrino el intendente, mando a poner orden a un ayudante de fiscal que emitió el exhorto de desalojo.

Del operativo hay centenares de videos, fotos y testimonios en las redes. De la maniobra para meter por la ventana a una funcionaria de justicia en la suprema corte casi nada. Pero ahora, el cornejismo tiene mayoría en la legislatura y en la suprema corte. El régimen político sea configurado decididamente contra los trabajadores y los excluidos.