UNA VEZ MAS LA ESPADA DEL FMI

EL FONDO JUNTO A LOS BURGUESES ARGENTINOS HIEREN DE MUERTE LAS ECONOMIAS DE LAS FAMILIAS TRABAJADORAS

La pandemia del Covid-19 en el mundo y en nuestro país demostró que no se trata de un problema meramente sanitario: no solo ha generado más de 4 millones de muertos (100.000 hasta hoy en nuestro país), sino que ha causado millones de desempleados y de personas que pasan hambre. Es decir, a lo sanitario se sumó lo social, lo político y lo económico, poniendo en evidencia el salvajismo inhumano del sistema capitalista. La pandemia agudizó la situación preexistente, porque las fronteras y la apropiación privada de los medios de producción, en este caso los insumos para la salud y las vacunas, constituyeron trabas para la implementación de medidas esenciales desde lo sanitario (como la producción de vacunas sin patentes en todo el planeta), unas fronteras que el virus atravesó sin dificultad.

Los muertos son la resultante de la crisis del sistema capitalista, porque para enfrentar la pandemia era necesario comer y guardarnos para no exponernos al virus. No bastaba solo con construir nuevos hospitales y equiparlos (como hicieron en el país, por el déficit de infraestructura sanitaria existente), muy necesarios por cierto, pero también se debía contar con los profesionales y trabajadores capacitados y, lo más importante, bien pagos, bajo la dirección del Estado Nacional como garante de la salud de las personas.

Pero durante la cuarentena, que pretendía disminuir la circulación y los contagios, los trabajadores no pudieron guardarse ni cuidarse, porque las ayudas del gobierno nos les aseguraban la comida de sus familias. El incremento de la indigencia y la pobreza no solo demuestra que millones de argentinos son pobres porque tienen trabajo en negro o viven de changas o sobreviven con planes sociales, sino porque los salarios en blanco de quienes tienen la suerte de seguir en sus empleos son cada vez más miserables en su gran mayoría, y cada día pierden su poder adquisitivo frente a una inflación descontrolada. El conjunto de la masa trabajadora está más pobre, los empleos informales y sin ningún beneficio social crecieron, y el desempleo también creció (a pesar de la ley de doble indemnización), en una escalada infernal contra las economías de los hogares de la familia trabajadora, que empuja todos los días a mayor cantidad de argentinos a subsistir por vías de la ayuda social, de los comedores en los barrios, de las viandas solidarias. Antes de la pandemia gran parte de esos hogares subsistían y podían organizarse con las compras de alimentos y sostener las cuatro comidas necesarias para el conjunto de sus integrantes, pero cuando el virus atacó esa necesidad básica no se sostuvo en la mayoría de los sectores de trabajadores.

Para enfrentar la pandemia del virus más la pandemia económica que nos dejó de herencia Macri, era necesario tomar decisiones que garantizaran a los trabajadores y el pueblo pobre “el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena”, como propuso Máximo Kirchner durante la campaña electoral, cosa que el gobierno de Alberto Fernández no hizo, y ahora las víctimas sociales y económicas aumentaron.

Alberto Fernández ha retrocedido en varias medidas cuando los grandes empresarios les mostraron los dientes. Pero no tuvo empacho en presentar al Congreso antes de la pandemia una ley para cambiar el índice de movilidad de las jubilaciones, que llevó una vez más a perder la carrera contra la inflación y a perder poder adquisitivo, logrando uno de los peores índices de la historia, y también a congelar por un año los salarios de los trabajadores estatales, incluidos los de la salud, en plena pelea contra la propagación del virus. A estos trabajadores imprescindibles se los trató de “héroes” y se los aplaudió durante meses, mientras con una inflación que ronda el 50% interanual se les despojó del derecho básico a un salario digno.

Para frenar la inflación eran necesarias medidas drásticas, apretar las clavijas a la gran patronal, a los dueños de las grandes y medianas industrias, de los complejos agroindustriales, de los frigoríficos y de los puertos, a los oligarcas terratenientes y a los grandes ganaderos, a los bancos y a los sectores financieros dedicados a la timba especulativa internacional, entre otros. Pero nada de esto se hizo; ni siquiera se intentó lo que hizo Néstor Kirchner durante su mandato, cuando llamó a boicotear a la Shell en el momento que esta aumentó los precios de manera unilateral.

Porque es mentira que los empresarios no tenían plata y que podían quebrar. Por ejemplo, las empresas de Energía y/o de Medios habían ganado muchos millones durante los tarifazos macristas y habían amarrocado un gran colchón de dinero por el precio alcanzado por estos servicios y por la cantidad de despidos en las reestructuraciones empresarias, el suficiente como para congelar las tarifas por dos años sin tener que cerrar la empresa.

Tampoco se consideró como medida de emergencia la nacionalización de los servicios de Internet y de comunicación para garantizar la educación y la información virtual durante la cuarentena.

Aumentó la pobreza a caballo de la concentración económica y de las ganancias de un puñado de ricos

La concentración económica en pocas manos se acelera en cada crisis capitalista, y ganan quienes tienen dinero fresco para invertir y quedarse con las empresas o con las acciones que pierden valor en la Bolsa porque la deudas pública y privada crecen y las posibilidades de pago del país se achican.

No todos pierden en una Argentina cada vez más pobre. ¿O de dónde sacó la plata la sociedad Manzano-Vila, que son empresarios nacionales, para quedarse nada menos que con Edenor, la empresa de energía que abastece al cordón urbano de mayor nivel adquisitivo de la Argentina, y con el medio de prensa El Cronista Comercial, una de las mayores inversiones hechas por este conglomerado (Grupo América) en medio de la pandemia y mientras millones de argentinos se sumaron a los sectores del escalón más bajo de pobreza?

En el ranking de los millonarios argentinos figura desde los últimos años Marcos Galperín, fundador y propietario de Mercado Libre, que obtuvo el mayor crecimiento patrimonial del año 2020, calculado en un 68 %. Además, todos ellos mantienen las ventajas del blindaje que les permite mantener activos financieros no declarados, o a nombre de fondos fiduciarios, sociedades off shore y otros mecanismos de evasión impositiva. Son una clase dominante que logra por esa vía mantenerse al margen de las obligaciones impositivas, que los “libera de impuestos” mientras denostan al gobierno porque el país “así” no es viable, según ellos, por la carga impositiva que aleja las inversiones productivas, otra mentira que hacen circular mientras se destruye el mercado laboral y productivo del país.

¿Se podría haber hecho otra cosa?

Nosotros creemos que sí, pero eso significaba enfrentar a lo que desde el propio gobierno se reconoce como el “poder real”: los capitales financieros y económicos imperialistas, los socios nacionales ligados a ellos y los sectores más concentrados de la patronal argentina. Desde Punto de Partida insistimos una y otra vez en que era mentira que en el país no había recursos. Señalando con el dedo a ese “poder real”, sostuvimos que “Plata hay, el problema es quién la tiene”, y alertamos que “Alberto ladra pero no muerde”, porque si alguna vez intentaba tocar esos intereses, inmediatamente reculaba en chancletas.

Ni siquiera fue capaz de ser consecuente con la expropiación de Vicentín: a los primeros bocinazos de las Hillux 4 x4, retrocedió con la medida. Además, a pesar de que el FMI reconoció que los miles de millones de dólares de préstamo otorgados durante el mandato de Macri fueron dados para facilitarle la reelección, mientras que esos dólares les sirvieron a los especuladores financieros para fugarlos del país, Fernández-Guzmán no cambiaron de planes: incluso en medio de la pandemia, aplican el ajuste previsto antes de que explotaran las calamidades sufridas por la propagación de los contagios.

Fernández y Guzmán decretaron el fin de la cuarentena y el inicio de la vacunación en diciembre de 2020. Permitieron las actividades económicas porque debían cumplir con el objetivo de alcanzar la reducción del déficit exigido por el FMI para negociar los plazos de pago de una deuda que, se sabe, es impagable. Guzmán necesitaba iniciar el año 2021, en particular los primeros seis meses, con una reducción considerable del déficit, o sea con un ajuste. Según Marcos Buscaglia en La Nación, 4-07, en el suplemento “Economía”, “El ministro Martín Guzmán implementó el ajuste fiscal más duro de la historia moderna de la Argentina; dice el FMI que se les fue la mano”.

Es que visto en relación al aumento fenomenal de la recaudación impositiva (con el “aporte solidario” a los patrimonios más grandes), con los impuestos a las exportaciones, que aumentaron el 200% interanual gracias al aumento de los cereales y la soja en el mercado internacional, y del otro lado, el ajuste a los jubilados y los estatales, también se ajustaron los gastos relacionados con el Covid, el gasto se achicó. En esa relación la reducción del déficit terminó siendo de 1,5% del PBI.

Con las primeras trescientas mil vacunas iniciaron el plan de inoculación a fines de año, luego casi se detuvo, por casi tres meses, hasta marzo inclusive, llegaron muy pocas vacunas. En forma paralela suspendieron el pago del IFE a más de 9 millones de personas. Y se llevó adelante el ajuste con el objetivo de obtener el visto bueno del FMI y tratar de llegar a un acuerdo no tan humillante con el mismo (que todavía no logró), y también previendo que debían aflojar algo de dinero en los meses previos de las elecciones legislativas (o sea, en el segundo semestre).

En definitiva, no se ubicó como prioridad, como habían prometido en campaña, las necesidades de los jubilados, de los estatales, en particular de los trabajadores de la salud, soldados imprescindibles para darle batalla a la propagación del Covid, y menos todavía, de los millones de niños que hoy sufren marginalidad, pobreza y deficiente servicio educativo y de salud. Y lo más grave, un ajuste en momentos en que el país recibió miles de millones de dólares, como en los mejores momentos del gobierno de CFK, cuando los precios internacionales de la soja favorecieron sus políticas de concesiones, pero ahora, con mayor sufrimiento en amplios sectores sociales, esa ventaja es aprovechada para juntar fondos para pagar la deuda.

El impuesto a las grandes fortunas de un puñado de millonarios que tienen tantas riquezas que hasta podrían pagar la deuda externa, contó con la simpatía de amplios sectores de la sociedad, en especial de los trabajadores. En esta situación de excepción nacional, que tenía que ver con la vida de los argentinos, el gobierno se esmeró en aclarar que solo sería por única vez, pero la pandemia no tenía ni tiene fecha de vencimiento. Como mínimo, debería haberse implementado mientras durara la pandemia, no solo para pagar las vacunas sino también para aumentar los sueldos de los trabajadores de la salud y para nombrar más profesionales y enfermeras en los hospitales o adquirir material y contratar personal técnico capacitado para testear.

La suba desenfrenada del precio de los alimentos exigía también de una medida o varias medidas eficaces, desde el congelamiento de los precios hasta controles más estrictos y la expropiación “por razones de utilidad pública” (como habilita la Constitución) de las empresas que no lo respetaran.

¿Quién se beneficia de nuestros sacrificios?

Una pandemia como la que estamos sufriendo inevitablemente iba a obligar al pueblo a hacer sacrificios, como si estuviéramos en una guerra. La cuestión es quién se llena los bolsillos con el fruto de nuestros sacrificios.

El año pasado el gobierno decretó la prohibición de despidos y la doble indemnización, e implementó el ATP, o sea, el pago por el Estado a los patrones del 25% del salario, argumentando que era para “preservar el empleo”. En la liquidación de sueldos, el ATP aparecía como un aporte del Estado al trabajador, pero era mentira porque el monto del salario se mantenía igual. Los trabajadores se dieron cuenta, con bronca, de que en realidad el ATP era un subsidio a la patronal, que se ahorraba el 25% de lo que llama “costo laboral”. Los despidos se siguieron produciendo y las patronales puentearon la doble indemnización con los retiros (in)voluntarios de trabajadores que no podían esperar años de juicios para cobrarla.

Para quedar bien con el FMI reduciendo el déficit, el gobierno abandonó el ATP. Y además recortó las ayudas sociales, el IFE, y así obligó a los trabajadores, sobre todos a los informales y a los que viven de changas, a salir a laburar a como dé lugar, viajando amontonados en trenes y colectivos (como se ve todos los días por las cámaras de televisión ubicadas en la Estación Constitución de la ciudad de Buenos Aires), no pudiendo cumplir con las medidas esenciales de cuidado, porque de lo que se trata es de garantizar el mango y la comida de la familia. Todo al servicio de la ganancias de los capitalistas, porque si la gente no sale a laburar no hay ganancias.

Buena parte de este sacrificio tanto en el nivel de vida como en la salud de los trabajadores se podría haber evitado con medidas muy sencillas, por ejemplo, como explicamos en Punto de Partida, con “impuestos progresivos a las grandes fortunas, grandes herencias y grandes ganancias”. Pero no fue esa la política del gobierno.

Una lección que debemos sacar de todo esto es que los trabajadores y el pueblo pobre no debemos aceptar pasivamente ningún sacrificio que esté al servicio de los intereses de la oligarquía argentina, las multinacionales y los usureros internacionales representados por el FMI.

Nada justifica que nos sigamos sacrificando para que los ricos sean más ricos

Ahora estamos entrando en un período electoral, y lo que hay como alternativa al gobierno es la peor basura económica, política y social: los anticuarentenas, los libertarios, los Macri-Vidal-Larreta-Bullrich más Carrió y los radicales, que a través de marchas amplificadas por los medios de comunicación opositores, pedían liberar las actividades económicas para que la gente pudiera salir a trabajar. Pero estaba claro que el reclamo de esta banda de delincuentes no tuvo que ver con la difícil situación de laburante, porque mientras gobernaron aumentaron de forma colosal la pobreza, además de dejar como herencia la deuda con el FMI. Sus pedidos estuvieron en sintonía con los empresarios e industriales que necesitaban desesperadamente que los trabajadores volvieran a las fábricas, comercios y servicios porque necesitaban recuperar e incrementar sus ganancias, como siempre lo hicieron. Es decir, continuar extrayendo sus ganancias a costa del sacrificio de los trabajadores y el pueblo pobre.

Cuando asumió, Fernández contaba con una situación en la cual podía llamar a los trabajadores a movilizarse para apoyar medidas que impusieran “sacrificios” al “poder real” para enfrentar la miseria, y casi enseguida la pandemia. Sin embargo, prefirió no romper con la rosca oligárquica imperialista y claudicar a los acreedores internacionales, e hizo lo imposible para que no se movilicen los trabajadores, como se demostró durante el levantamiento de la policía Bonaerense junto a la marcha y la provocación impulsadas desde la oposición macrista en los alrededores de la Quinta Presidencial. Al contrario, ante la insinuación de los trabajadores de marchar hacia Olivos, los llamó a quedarse en sus hogares con la excusa de la pandemia. Los laburantes y el pueblo perfectamente podíamos salir, cuidarnos y darle un parate contundente en la calle a la reacción oligárquica.

Quienes tampoco estuvieron dispuestos a hacerlo fueron los dirigentes sindicales que firmaron convenios a la baja, durante la pandemia se guardaron (ellos si podían hacerlo) y no hicieron nada con la excusa de cuidarse para que no aumenten la circulación y los casos.

Es probable que en estos tiempos electorales, el gobierno, que sabe muy bien que cada vez hay más desilusión y descontento entre quienes lo votaron para sacarse de encima a Macri, nos siga tirando algunos paliativos, como ser la reapertura de paritarias para lograr aumentos supuestamente acordes a la inflación, que devoró los salarios acordados en el trimestre anterior, después de que Cristina y Massa marcaron la cancha con el aumento del 46,5% que acordaron con los empleados del Congreso. Pero el salario no se recupera con aumentos cobrados en cuotas, porque no comemos en cuotas, como tampoco pagamos el alquiler en cuotas.

También estuvo la no inclusión del aguinaldo en el cálculo de ese impuesto, algunas bonificaciones como el pago de la primera cuota de la devolución de los descuentos de ganancias, bonos a los jubilados y trabajadores de la salud, aumento en la AUH y en otras prestaciones.

Pero esto no cambia sustancialmente el panorama de crisis y pobreza, sobre todo porque la inflación sigue ganando la batalla, como lo hizo el Covid en el mundo entero, por no vacunar y producir la vacuna de forma masiva y de forma simultánea en todo el planeta. Y si el gobierno mantiene la estrategia económica y política que aplicó desde que asumió, no hay ninguna garantía de que la deje de aplicar después de las elecciones de noviembre.

Por eso debemos recordar las palabras del mismo Fernández, que en su campaña nos decía:
“Si yo no cumplo, deben movilizarse para hacérmelo saber.”