LA DEUDA CON EL FMI

La peor amenaza de la post pandemia

Los trabajadores eligieron a Fernández-Fernández para terminar con el gobierno de Mauricio Macri, después de cuatro años de sufrir el brutal saqueo en los salarios, las jubilaciones y las posibilidades laborales, con la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo. Sin embargo, la presidencia de Macri no dejó solo pobreza, también dejó una deuda externa impagable.

Alberto Fernández siempre dijo que se debía cumplir con los pagos al FMI. Lo plantea como único camino, como única alternativa. Pero no dice cómo va a pagar, de dónde se sacarían los dólares. A simple vista, parece impagable en el plazo de diez años estipulado, salvo que redujeran aún más las jubilaciones (por la vía de montos menores y aumento de la edad jubilatoria), se produjeran mayores ajustes en los gastos del Estado (reducción salarial y despidos) y terminaran con los subsidios en la energía, además de casi reducir a cero la obra pública. ¿Cómo se podrían sostener compromisos de pago “sin desorganizar” a la vez la vida de la familia trabajadora, como prometieron los candidatos? ¿O sin recurrir a mayores sacrificios de las mayorías trabajadoras y populares?

A pesar de la inesperada pandemia que asoló el mundo, de la calamidad sanitaria y económica que sufrimos durante casi dos años, Martín Guzmán, el ministro de Economía del gobierno del Frente de Todos y su representante en la negociación con el FMI, no solo avanzó con pagos y con compromisos de pago para 2021-2022, sino que, además, prepara el terreno para la firma de un acuerdo después de las elecciones de noviembre. Según declaraciones del propio Guzmán, “Los 45 mil millones de dólares de deuda se empiezan a pagar el 22 de septiembre… Es una cuestión que se debe ver con claridad para evitar que vuelva a pasar. Queremos que nunca más la Argentina vuelva a caer en esta situación.”

  La Argentina vuelve a caer en la situación de endeudamiento, miseria y desocupación que terminó en los estallidos sociales de 2001  

El pueblo argentino vuelve a quedar preso en la trampa de la deuda externa, endeudamiento que ya llevó al estallido social, económico institucional y político en 2001.

En aquel año ningún discurso pudo revertir el avance de la movilización de masas durante las jornadas de diciembre, solo la declaración de la suspensión de la deuda externa con acreedores privados del presidente Rodríguez Saa, aplaudida por la mayoría de atemorizados parlamentarios en el Congreso, hizo girar la rueda de la historia hacia la creación de empleo, hacia alternativas productivas que redujeran la marginalidad y hacia el desendeudamiento.

La catástrofe social, económica e institucional del 2000 fue el resultado de la “era menemista”, continuada en el breve período de gobierno de De la Rúa. Una etapa de doce años de convertibilidad monetaria, de endeudamiento y de destrucción de fuerzas productivas, que terminaron con miles de kilómetros de vías del ferrocarril y dejaron a miles de familias trabajadoras en la indigencia.

Las “relaciones carnales con Estados Unidos”, la economía abierta a los capitales extranjeros, y la famosa Ley de Reforma del Estado (ley 23.696) que dio paso a la privatización de empresas estatales (YPF y el resto), a la disolución de entes públicos (organismos de investigación, planificación y financiamiento), constituyeron un conjunto de medidas que destruyeron decenas de miles de fuentes de trabajo y el sistema de jubilaciones. Acompañadas por la desnacionalización de la educación y de la salud públicas, que quedaron a cargo de las provincias. Esos doce años marcaron un antes y un después en la estructura económica y social del país.

Las medidas llamadas “neoliberales” definidas en el Consenso de Washington y por el gobierno peronista de Carlos Menem, lograron liquidar la organización económica, social, institucional y cultural argentinas. No se produjo un cambio a favor de la transformación y el progreso humano. Todo lo contrario: se vendió a precio de remate hasta la última “joya de la abuela”, y sin embargo, lo único que creció de manera exponencial fue la deuda externa y el desempleo. La mayoría de la población quedó más pobre, sin servicios públicos ni privados de calidad y sin futuro; fundamentalmente liquidaron las bases sobre las cuales se apoyaba parte sustancial de la soberanía nacional.

Los años 2001-2003 fueron de catástrofe social pero también aprendizaje. En primer lugar, las masas populares impusieron en las calles la verdadera democracia para recuperar derechos. Esa lección ejemplar no es reconocida ni admitida por los políticos patronales ni por los periodistas ni por los intelectuales; menos todavía por la dirigencia sindical, los empresarios y los capitalistas. Se recuerdan esas jornadas, marcadas a fuego en la memoria, pero no resaltan la imborrable y decidida batalla urbana ejercida por los trabajadores, asalariados, pequeños comerciantes, profesionales, jubilados, estudiantes, jóvenes, familias enteras que en las calles de las principales ciudades del país determinaron el curso de todo lo que pasó después. La decisión de las masas en una acción independiente logró la renuncia de Domingo Cavallo y de De la Rúa, y definió los sucesivos pasos institucionales y políticos, desde la convocatoria a la Asamblea Legislativa hasta llegar a la presidencia de Néstor Kirchner, en menos de dos años. Los gobiernos de Néstor y Cristina en los doce años posteriores, tuvieron ese sello de origen, ese antecedente contundente que determinó la transformación ocurrida bajo sus mandatos.

 Macri fue el presidente que más se endeudó en los últimos 50 años… 
 y durante su gestión, se fugaron más de 88.000 millones de dólares 

Las nuevas generaciones aprendieron rápido, y por esa razón fue contundente el voto contra Macri en las PASO de 2019. La mayor parte de la población sufrió y entendió la gravedad de la decisión de Macri de acudir al FMI, tomada de la noche a la mañana, sin que el poder Judicial ni el poder Legislativo ni los gobernadores lo evitaran, y fundamentalmente sin que los partidos opositores ni la CGT ni el resto de la dirigencia sindical convocaran a una gran movilización que le doblara el brazo a un presidente ladrón de guante blanco que hasta ahí ya daba cuenta de su fracaso.

En diciembre de 2017, los trabajadores y sectores populares resistieron de manera contundente en las calles las reformas laboral y jubilatoria que se trataban en el Congreso. Mauricio Macri decidió entonces apurar la medida que comprometió el futuro económico y social de millones de familias, ancianos y niños, para las próximas décadas: el endeudamiento con el FMI.

El acuerdo con el FMI fue anunciado el 20 de junio de 2018 por el gobierno de Cambiemos, que en acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump –fue él quien decidió una cifra impensada y hasta ese momento nunca facilitada por el FMI a ningún país–, endeudaron a la Argentina especulando con la posible reelección presidencial del facilitador de negocios y jugador de bridge Mauricio Macri. Sin embargo, esos fondos, en sucesivas fugas y en pocos meses, fueron desviados del patrimonio monetario del país hacia los bolsillos de unos pocos millonarios ligados a la banca internacional, a la especulación financiera, grandes industriales y comerciantes, a la patronal agroexportadora, etcétera. Los millones de dólares que entraron al país como “ayuda para sostener la estabilidad monetaria” en poco tiempo salieron del Banco Central de la República Argentina hacia los paraísos fiscales y hacia donde estos propietarios de industrias, minas, campos, vacas, supermercados, bancos y capitalistas financieros internacionales depositan sus ganancias. Una nueva fuga de capitales dejaba a la deriva la economía nacional.

La posterior convocatoria electoral por la unidad del peronismo, bajo la consigna “hay 2019”, ocultó que los partidos mayoritarios, las instituciones del régimen democrático de conjunto y las direcciones sindicales fueron incapaces de evitar este nuevo endeudamiento con el FMI y, para peor, prometieron cumplir con las condiciones usureras que impondría este organismo.

El problema para el futuro no es, como señala Guzmán, “que no vuelva a pasar”. El problema es que el régimen institucional democrático le sirvió en bandeja a Macri –y a sus amigos de la banca y de las finanzas internacionales, de la Sociedad Rural y de los grandes grupos industriales y comerciales– esos fondos del préstamo del FMI para garantizar y aumentar sus ganancias. En primer lugar tenemos un problema institucional, con un poder Ejecutivo que toma decisiones estratégicas que van contra los derechos esenciales y libertades políticas de las mayorías trabajadoras, mientras el Congreso y el Poder Judicial miran para otro lado o abiertamente son cómplices.

 La timba financiera viene de lejos… 

El endeudamiento no comenzó con Macri. Este último lo hizo en forma más brutal, por el tamaño de deuda en el breve período de un mandato, pero en todo caso Domingo Cavallo no fue mucho más cuidadoso cuando en 1982, después de la derrota de Malvinas, en la transición hacia el primer gobierno democrático y bajo el último gobierno dictatorial, estatizó la deuda privada. Entonces…

… se comprobó que la mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto (de esa deuda que pasó al Estado), se trataban de meras registraciones contables entre las casas matrices y las sucursales radicadas en Argentina, es decir, autopréstamos y maniobras fraudulentas…
El periodista Alejandro Olmos (1924-2000) investigó la temática iniciando una causa judicial en la cual se pudieron acreditar 477 irregularidades en la deuda contraída durante la dictadura del Proceso, evidenciando el sustento y colaboración de los civiles en el gobierno de facto, consolidando la posición de los sectores dominantes más concentrados. (Extraído del Museo de la Deuda Externa.)

Así saltó a la fama Domingo Cavallo, quien ocupó el Ministerio de Economía durante el mandato de Carlos Menem, y un período del de Fernando de la Rúa, el ministro estrella para peronistas y radicales, sin grieta. Fue quien inventó la convertibilidad (un peso un dólar), y así consolidó el sistema por el cual el endeudamiento externo de la Argentina dejaba, en lo fundamental, de constituir una forma de financiamiento de la inversión o del capital de trabajo, para convertirse en un instrumento para obtener renta financiera. En pocas palabras, con Menem-Cavallo-De la Rúa se fortaleció la fuga de capitales y la timba financiera.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su participación pública en Lomas de Zamora, fue injusta cuando al referirse a los orígenes de la crisis actual solo cargó sobre las espaldas del macrismo este círculo de endeudamiento, fuga y timba. Mauricio, en realidad, solo fue un discípulo sobresaliente de la dupla Cavallo-Menem. Y fue quien, además, se benefició por esta vía: la familia Macri consolidó su patrimonio industrial, financiero y de negocios por el mecanismo de estatización de la deuda, o sea bajo el amparo del Estado.

 

 ¿Por qué el ministro Guzmán no habla con claridad? 

Para que se entienda la gravedad del problema, lo primero es no mentir. Los trabajadores no debemos permitir que nos confundan con palabras y estadísticas que señalan verdades parciales. El vocabulario que usan en Economía y en las llamadas Ciencias Políticas empañan y tergiversan la realidad.

Hasta los economistas clásicos previos a Marx hablaban con mayor claridad que los nuevos licenciados, en particular de las academias estadounidenses. Funcionarios como el ministro Guzmán deberían seguir el ejemplo del economista y filósofo Adam Smith (1723-1790) que advertía:

… siempre que los hombres de negocios se reúnen, van a conspirar sobre cómo sacar dinero del público en su conjunto –como hacer un acuerdo y engañar a la gente de que todo es por el bien de la sociedad–.

Smith también definía la renta de los terratenientes como:

…aquello que los terratenientes hacen mientras duermen, sin trabajar… hay que gravar sus rentas, porque nada es gratis en este mundo.

¿Cuántas clases de nuevos rentistas encontramos en pleno capitalismo del siglo XXI entre banqueros, inversionistas, accionistas, magnates financieros, operadores de bolsa e inmobiliarios, usureros, que ganan plata mientras duermen? Aquellos que viven de renta y ven crecer su fortuna –incluso cuando la economía se paraliza por la pandemia– constituyen un número reducido de personas, en relación a la población mundial, pero ganan SU dinero del dinero extraído de la explotación laboral de millones que cada día viven peor en el mundo entero.

Los funcionarios, políticos y economistas no hablan claro porque estarían obligados a explicar cómo sortean los problemas que enfrentan al dirigir una economía semicolonial como la de Argentina, cómo combaten la gravitación de las empresas multinacionales en las decisiones soberanas, cómo afrontan la disminución creciente de la inversión privada en países de desarrollo medio o bajo como el nuestro, y también cómo evitan que el libre acceso de capitales solo se produzca para obtener renta financiera. En pocas palabras, cómo enfrentan las consecuencias que implica desafiar los intereses de las potencias imperialistas, del capital financiero internacional y de los grupos concentrados de la economía nacional y, por fin, si están dispuestos a hacerlo.

 Hay promesas electorales que no se cumplen 

El gobierno de Fernandez-Fernandez prometió que no pagaría la deuda externa al FMI con el hambre del pueblo, cosa imposible de cumplir, pero en el doble discurso de una campaña electoral todo parece factible. Y en los cuadros y gráficos de la macroeconomía, las necesidades cotidianas de los asalariados desaparecen.

La realidad ya es trágica, el hambre alcanzó a millones de hogares en una combinación de calamidades: la pandemia, la crisis de la economía mundial y la crisis estructural argentina. Sin embargo, en la mayor crisis humanitaria mundial de las últimas generaciones, las condiciones que impone el FMI no se han flexibilizado. Ni el Papa argentino ni la simpatía de la nueva directora del organismo sirvieron para lograr la suspensión de los pagos de la deuda. Es evidente que con sentarse y conversar no alcanza para lograr lo único que evitaría, en parte, mayores sacrificios a los asalariados y jubilados argentinos.

El gobierno decidió el camino del ajuste, no del combate contra los intereses del capital extranjero imperialista y del capital concentrado local, aunque se diga decidido a hacer valer los derechos soberanos y los de los asalariados. El presidente Fernández primero impulsó el cambio de la ley de movilidad jubilatoria antes de la pandemia, y luego el ministro Guzmán impuso en el primer semestre de 2021 una reducción significativa del déficit, o sea, que profundizó los recortes presupuestarios. Pero todavía no llegó lo peor, alcanza con recordar algunos datos de Grecia, un país del continente europeo rodeado de potencias ricas, donde para pagar la deuda bajaron los salarios en un 10% a un 20% y recortaron las pensiones y jubilaciones un 50%.

Idealmente, se pretendería reducir a cero cualquier gasto social o subsidios para pagar al FMI y a los acreedores privados, tanto extranjeros como nacionales. No son alarmas ni hipótesis falsas, ya lo hemos sufrido en nuestra historia, y hoy asistimos a las consecuencias de un país empobrecido y en permanente declive.

No es casualidad tampoco que en el marco de un nuevo período electoral y en medio de la negociación con el FMI, se reinició la discusión de las famosas “reformas”.

Todos los candidatos hablan de la necesidad de reformas, supuestamente para abrirse camino hacia la prosperidad, según el mensaje de los embusteros profesionales. Se proponen toda clase de reformas, pero siempre se habla de la misma, la laboral. Los opinadores más audaces, bien asesorados por funcionarios del FMI, también conceden una posible reforma del Régimen de Jubilaciones. Desde el oficialismo se propone una reforma del sistema de salud.

También se habla en nombre de los desocupados y de quienes reciben asignaciones sociales, para demostrar que existe la inquietud de trabajar y de renunciar a las ayudas. Pero, hasta ahora, a cambio de las ayudas, desde el gobierno se promueven “changas” o trabajos precarios y mal pagos: esa es la salida laboral propuesta por el exministro Daniel Arroyo.

Del lado opositor, de Cambiemos, las propuestas no solo piden sacrificios, son más crueles. Durante el gobierno de esta coalición ya se habían recortado gastos sin contemplaciones: dejaron a las personas con discapacidades sin subsidios, liquidaron programas escolares de acceso a la tecnología para los pibes, dejaron a los jubilados sin medicamentos gratis, entre otras atrocidades. Ahora también quieren incorporar a los niños al mercado laboral, o sea a la explotación infantil, como propuso el actual candidato Tetaz, justificando su propuesta como una salida al paco y a la calle. Los más mentirosos dicen que son ideas nuevas para terminar con las lacras viejas que llevaron al calamitoso estado actual. Pero en realidad son “reformas” (mejor dicho, “contrarreformas”) para que disminuyan los subsidios, las ayudas, las obras públicas y aumenten sus propios negocios con el Estado. No están dirigidas para que se alcance el pleno empleo, sino el empleo parcial y salarios de hambre.

Hay otros políticos menos mentirosos, pero hablan a medias. No dicen todo. El ministro de Economía no se escapa de las formas del doble discurso: “La prioridad es obtener un buen acuerdo con el FMI”. “Estamos negociando con el FMI para resolver el daño del gobierno anterior”.

Está demostrado en nuestra historia, y en la historia del FMI, que no hay acuerdo bueno. Porque el acuerdo bueno para el Fondo significa sacrificios y sometimiento de los endeudados, y garantiza que se perderán los derechos de las mayorías trabajadoras, y eso es lo que está en juego en lo inmediato. Los peligros de un próximo acuerdo son las “contrarreformas”, en el sentido de legalizar que pueden existir salarios sin protección social y condiciones laborales impuestas con la libertad de aplicarlas, que es lo que necesita la patronal para aumentar sus ganancias.

En lo que no hay doble discurso sino completa coincidencia entre el gobierno y la oposición es en que la deuda, tanto al FMI como a los acreedores privados, hay que pagarla sí o sí, porque en caso contrario nuestro país quedaría aislado del mundo y sufriría una catástrofe. Así se oculta parte fundamental de nuestro propio pasado. El rápido rebote de la economía nacional bajo el primer gobierno kirchnerista y las indudables mejoras que tuvimos los trabajadores tuvieron que ver con los altos precios internacionales de nuestra producción agropecuaria, especialmente la soja. Pero otro factor fundamental, que ahora nadie menciona, fue que el país dejó de pagar la deuda con los acreedores privados durante cuatro años, y después logró que casi todos esos acreedores aceptaran una quita muy importante, y así una buena porción de los dólares de esas exportaciones quedaban en el país. Hoy nuevamente entra un platal por los altos precios de nuestra producción agropecuaria, pero esos dólares se terminarán evaporando porque nadie se anima a declarar una moratoria unilateral de la deuda como la que decretó Rodríguez Saa obligado por el levantamiento popular de 2001.

 La discusión que necesitamos los trabajadores no es electoral 

La pandemia y ahora las elecciones parlamentarias no pueden convertirse en nuevas cortinas de humo, como fue en 2018 el mensaje que nos metió en la trampa electoral y permitió que Macri y su banda de banqueros y financistas –los ladrones de guante blanco– sacaran del país millones de dólares que se embolsaron en su patrimonio personal.

Debemos debatir y organizarnos porque en el horizonte está el peligro de caer en tobogán, y de caer mucho más abajo. El peligro de no contar con servicios básicos públicos, pero sí con una especulación criminal de los “formadores de precios” (monopolios productores y comerciales) que hace insostenibles los precios de los alimentos y de los productos básicos, con salarios de hambre, con trabajos de tiempo parcial y sin posibilidades de acceder a la vivienda propia. Que nuestra capacidad de consumo y de protección laboral se pierdan todavía más. Que no tengamos Pami para los jubilados, ni condiciones para recuperar el nivel de la educación pública alcanzado en la época floreciente de la escuela normal, del bachillerato nacional y del CONET, adaptada a las necesidades y los cambios tecnológicos.

Tenemos alternativa, si luchamos. Pero necesitamos debatir y organizarnos, lograr la unidad del conjunto de la masa trabajadora, los trabajadores activos y sindicalizados con los despedidos, los informales, los jubilados, con todos los que salen cada mañana de su casa para ganarse el mango y con las mujeres que ya fueron y son ejemplo de lucha. Nadie escapa a las condiciones de vida que obliga la crisis, por el aumento de la presión patronal, por la crisis social y de seguridad en el barrio, por las carencias de la escuela de los pibes, por las jubilaciones miserables o por los deficitarios y costosos servicios esenciales. Ningún laburante escapa a este escenario de calamidades; sin embargo, pareciera que el panorama y la atmósfera de la clase política y de la dirigencia sindical fueran distintas.

 De la pandemia debemos salir sin más muertos pero también sin más sacrificios 

Una crisis de la magnitud que sufre la Argentina no se termina con parches o remiendos. En las últimas décadas, el único crecimiento sostenido se ha producido en el conurbano bonaerense donde se concentra el 40% de la población del país. Y donde se concentra a la vez, el mayor número de pobres. Donde se verifican los déficits en todos los ámbitos, en la infraestructura urbana, en los servicios de transporte, en la seguridad, en la vivienda, en la educación pública.

En la provincia de Buenos Aires también se concentran los cordones urbanos de mayor riqueza del país, las extensiones agropecuarias y los campos de mayor rendimiento económico. Es el mejor ejemplo de la decadencia y la desigualdad a la que hemos llegado, donde crece la extrema pobreza de millones en un polo, y se concentra la riqueza en el otro, reducido cada vez más a unas pocas familias. Donde vecinos divididos por muros comparten escenarios absolutamente opuestos: de un lado piletas de natación por cada vivienda repleta de comodidades, con lagos artificiales, jardines cuidados y extensos terrenos dedicados a la recreación y el esparcimiento, y del lado opuesto, barriadas densamente pobladas, calles sin pavimentar, viviendas precarias, con un deficitario transporte y alumbrado público, espacios verdes insuficientes, sin cloacas y con muchos comedores comunitarios para aliviar el hambre. ¿Las banderas del peronismo de justicia social cambiaron?

Los trabajadores necesitamos construir un futuro sin destruir el patrimonio que nos queda, y que no finaliza en la Avenida General Paz; hay abarcar el país con posibilidades de expandir la actividad económica productiva desde Ushuaia hasta La Quiaca, donde existen áreas del territorio para poblar en condiciones de habitabilidad y no de hacinamiento. Los recursos humanos y los recursos naturales constituyen la base de las fuerzas productivas, su defensa y desarrollo dependerán solo de la decisión y acción política independiente de los trabajadores.

La experiencia de lucha política obrera es parte de nuestro patrimonio de clase. Tenemos una escuela de esos combates, una historia de mártires pero también de batallas ganadas, de pelea consecuente contra los dirigentes vendidos, de haber conquistado en muchas oportunidades la democracia obrera, para que las decisiones no se tomaran a espaldas de la base sino con su voto. De haber conquistado más de una vez los derechos soberanos, o de haber luchado por ellos con coraje como lo demostraron nuestros jóvenes héroes de Malvinas. La lucha incansable, valiente y precursora de transformaciones en la defensa de los derechos humanos, como son las Madres de la Plaza Mayo, Abuelas e Hijos. Las nuevas generaciones de jóvenes que estremecieron los cimientos sobre los que se edificó una sociedad de prejuicios y falsas creencias, y donde las mujeres cumplieron el papel decisivo.

Sabemos que no puede existir la concertación ni el diálogo entre intereses opuestos, entre clases sociales irreconciliables. Ese equilibrio y paz social que pregonan quienes nos mienten de forma cotidiana solo sirve para los que hacen negocios, los que explotan al trabajador, los que juegan en la timba financiera y se llenan los bolsillos. Tampoco podemos vivir haciendo marchas para pedir un pedazo de pan, cuando la comida, la salud, la educación y la vivienda nos corresponden como derechos constitucionales que debemos hacer valer. El reclamo y la movilización son legítimos, pero no alcanzan, debemos lograr el conjunto de esos derechos.

Debemos organizarnos y usar la democracia de base, la democracia obrera y del pueblo pobre para tomar decisiones políticas y encarar la lucha. Debemos lograr la participación masiva para organizar asambleas de los barrios, de los lugares de trabajo, con el tema principal a discutir: la suspensión de los pagos de la deuda con el FMI. El camino debe estar dirigido a conquistar el pleno empleo, salarios dignos, precios congelados de alimentos y de insumos básicos. Y también la nacionalización inmediata de los servicios esenciales. Solo la movilización podrá imponer estas medidas.

1. No a la negociación secreta con el FMI, e investigación del destino de los fondos prestados por este organismo internacional.

2. Suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa.

3. Frente con otros países deudores de América Latina y del mundo para desconocer las deudas externas.