UN NUEVO AJUSTE: QUITA DE SUBSIDIOS A LA ENERGÍA Y AL AGUA

Massa en la misma senda del FMI: saqueo de recursos, semicolonización del país y esclavización salarial

El nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, no encuentra tiempo ni forma de resolver el problema social de millones de argentinos a los cuales su salario no les permite cubrir todos los gastos de un mes, porque lo ocupan y preocupan las reuniones en los salones del edificio del ministerio, de las embajadas y de los hoteles más sofisticados de CABA, donde se reúne con empresarios, un selecto grupo de oligarcas, financistas y banqueros, mientras programa su viaje a Estados Unidos para presentarse ante sus amos del norte.

Su ministerio recauda los dólares para las reservas del Banco Central, mientras sus secretarios corren por los pasillos cubiertos de carpetas, por donde asoman gráficos y cuadros presupuestarios, para demostrar que sus decisiones están basadas en una correcta contabilidad, en un perfecto “orden”, donde no se puede gastar lo que no se tiene, etcétera, etcétera. Lo más importante es que el FMI acepte sus cuentas, y como buen alumno le llevará el programa de quita de subsidios a la energía, un nuevo golpe al bolsillo de los asalariados, porque el nombre real es TARIFAZO en los precios de la energía.

En realidad nada nuevo… pero todo peor para las masas trabajadoras y populares, porque la inflación no afloja, los aumentos de la energía sumarán más leña al fuego, y cuando se apagan las luces de las cámaras que persiguen la noticia, se comprueba que solo se anunció un nuevo ajuste, que cada aumento del salario se va por el tobogán de los precios y tarifas cada vez más altos y que cada familia trabajadora inicia un nuevo día con las dificultades e incertidumbres agigantadas.

Para disfrazar el aumento de tarifas de los servicios, al nuevo ajuste lo llama “segmentación”. No les alcanza con aumentar los alimentos todas las semanas; los dueños de las empresas de energía también reclaman lo suyo y el FMI no quiere que se financie ese bien fundamental (energía y agua) con fondos del Estado.

¿Cómo se presenta este nuevo aumento? Como distribución del pago de la energía de acuerdo al poder adquisitivo.

Pero la verdad es otra, en primer lugar, para que los super-ricos no se vean de la noche a la mañana sorprendidos con tarifas diez o más veces elevadas, después de haberse beneficiado con tarifas regaladas, con un consumo cotidiano de familias como los Blaquier, Roca, Roemmers, Bulgheroni, Pérez Companc, Brito, Braun, Macri, Dujovne, etcétera, que contempla desde la climatización de sus piscinas y calderas hasta la iluminación de sus numerosas y ampulosas mansiones y parques. Además de ser escalonada, la quita de subsidios se distribuye en millones de hogares, donde el gasto de esos magnates se licúa. Por ejemplo, sería importante conocer a cuántas manzanas de barrios obreros y a cuantas de viviendas de clase media equivale el consumo de una sola de esas familias.

Como ese consumo de los más ricos, que el Estado no subsidiará más, no puede convertirse en un gasto gigantesco para esas “ilustres familias” (que a la vez pertenecen al poder real del que se lamenta el gobierno), el trabajo del ministro es repartirlo en millones de familias sin que se note. Un plan que no pudo aplicar Guzmán, y terminó en su renuncia.

Con seguridad, la otra preocupación de Massa es no perjudicar el negocio de los empresarios en general y de sus padrinos políticos y financieros, en particular Vila, Manzano y la familia Brito; los dos primeros son propietarios de Edenor, una de las empresas de distribución de energía en la zona más rica de la Argentina. La propiedad de empresas de servicios es uno de los emprendimientos privados más fructíferos de las últimas décadas, que además cuenta con una clientela cautiva, que es toda la población. En fin, el negocio es redondo.

El objetivo del gobierno, con el nuevo ministro Massa como ejecutor de esta llamada “segmentación de las tarifas”, es el siguiente:

1.         Quitar en forma progresiva la totalidad de los subsidios bajo el pretexto de que el Estado financiaba con fondos públicos los lujos de una minoría acaudalada. La total quita de subsidios es una de las exigencias del FMI.

2.         Que tampoco recaiga en la minoría privilegiada de la sociedad, los más ricos, el mayor peso del gasto de energía: más “equitativo” es distribuir ese gasto entre ellos y los millones de trabajadores empobrecidos.

Este plan de segmentación de tarifas, presentado como un plan de justicia donde los hogares de bajos ingresos mantendrían su tarifa social, también esconde el hecho fundamental de que el agua, la electricidad y el gas son servicios esenciales para la vida humana, como lo son los alimentos, la salud y la educación, que millones de trabajadores cada día perderán en calidad y posibilidad de sostenerlos con sus salarios.

Por esa razón, porque la electricidad, el gas y el agua son imprescindibles para la vida humana, es que en la mayoría de los países se subsidia, aunque sea de forma parcial. Macron, el presidente de Francia, acaba de estatizar la energía para lograr un plan a largo plazo de producción y costos racionales, y para defender la autonomía energética de su país. También como medida preventiva en medio del tembladeral provocado por la guerra en Ucrania. En Argentina solo el agua está estatizada, pero Malena Galmarini (presidenta de AySA y esposa de Massa) también va a “actualizar” y “segmentar” las tarifas. Y nadie del gobierno ni de la oposición propone hacer con el gas y la luz lo mismo que hizo Macron, estatizar esos servicios “por razones de utilidad pública”, como se hace, por ejemplo, con tierras privadas necesarias para construir una autopista. Conclusión: para esta gente la vida humana no tiene ninguna “utilidad pública”.

Cuando Menem privatizó la producción, distribución y comercialización de la energía, dio un paso decisivo en la pérdida de soberanía y de planificación nacional, que nunca fue revertido. Pasaron gobiernos radicales (De la Rúa), peronistas (kirchneristas, macristas/radicales y el actual), y estos servicios nunca volvieron al Estado. Además, en manos privadas y de las provincias, lo único que se logró es el estancamiento de obras fundamentales para hacer llegar esos servicios adonde la población los necesita; las inversiones se focalizan donde la densidad de población y el poder adquisitivo garantizan la renta de los empresarios.

En Chile (uno de los más privatistas de latinoamérica) nunca se perdió la totalidad de la propiedad estatal de las minas de cobre; en Bolivia se nacionalizó la explotación de hidrocarburos y la explotación de las minas, incluidas las de litio. En cambio, en Argentina, a los yacimientos nuevos como el de Vaca Muerta en Neuquén, con incalculables reservas de gas, los han convertido en el negocio con abultadas ganancias de inversores extranjeros (que aportaron tecnología y capitales) y de grupos empresarios nacionales. A la población solo le quedan los costos cada vez más altos por igual consumo.

A esta decisión de quita progresiva de subsidios hasta eliminarlos la “camuflan”, además, como una medida para el uso racional de la energía y del agua. Un coro de lacayos bien pagos (economistas, periodistas, consultoras) comenzó a interpretar melódicas alusiones al uso irresponsable del agua, que en varias regiones del país ni siquiera llega potabilizada a los hogares, y que en algunos barrios a pocos metros de la Plaza de Mayo no acceden al agua sino es con baldes, como sucedió en Villa 31 en medio de la pandemia.

Pero entre los verdaderos objetivos que encierra esta segmentación están los privilegios intocables de los más ricos: cómo hacer, sin dejar de cumplir las exigencias del FMI, para que no les llegue el plan de ahorro energético ni las incomodidades que eso supondría, y menos que menos que un aumento en las tarifas pueda afectarlos o molestarlos mientras, a la vez, los propietarios de las empresas mantengan su negocio tan redituable como hasta ahora.

Esta forma de camuflar las ventajas que se les ofrecen a los más ricos está probada con el IVA, un impuesto al consumo que explica más de la mitad de la recaudación, que pagan por igual los ricos y los pobres, y que es absolutamente injusto, basado en el mismo criterio: que el peso del gasto del Estado no recaiga en la minoría super-rica que se apropia de las riquezas del país, sino en la inmensa mayoría de los que menos tienen.

Aunque ahora lo disfracen, y por unos meses no se perciba el aumento real de los gastos de luz, agua y gas, en el futuro será cada vez peor para los asalariados, porque el plan es retirar la totalidad de los subsidios del Estado, quedando a merced de los aumentos descontrolados de los dueños de esas empresas que producen la energía y que ya celebran de antemano las futuras ventas al exterior del gas, y por lo tanto, al igual que el precio de la carne o del trigo, deberemos pagar a valor dólar.

El plan del Frente de Todos sigue su curso: saqueo, saqueo y más saqueo; concentración en pocas manos de los negocios más rentables y el consecuente enriquecimiento de una minoría, cada día con más poder para intervenir en los asuntos del Estado.

¿El nuevo ministro, reparará en las decenas de miles de trabajadores que comenzaron a salir a la calle para reclamar por su derecho a comer, como ya lo hicieron los miles de docentes acompañados de familias y estudiantes que cubrieron las calles de Mendoza, los miles de estatales en Jujuy, o los movimientos sociales y trabajadores que, convocados por la CGT y les guste o no a sus dirigentes, cubrieron las avenidas más anchas del centro de la Ciudad de Buenos Aires para expresar su profundo descontento?

A los funcionarios amantes del “orden fiscal”, ¿les importa que los servicios todavía no cumplan con mínimos estándares para brindar electricidad sin cortes, y que las empresas ni siquiera construyan las obras necesarias para la distribución del agua, las cloacas o el gas en los barrios obreros y populares?

¿Qué piensa el gobierno sobre la vida en los conurbanos de las grandes ciudades, donde ni el Estado nacional ni los gobiernos provinciales, incluida la provincia de Buenos Aires, destinan los fondos necesarios en los tiempos urgentes que se necesitaría para la construcción de las viviendas y para la infraestructura de servicios?

Nosotros opinamos que no está en los planes del gobierno hacer concesiones más allá de las limosnas que prepara para tratar de evitar posibles tormentas sociales.

Solo el terror a la movilización de masas, aquello que los funcionarios denominan “poner en peligro la paz social”, puede encarrilar en algo la agenda del gobierno, conformado por un nuevo Ejecutivo de tres cabezas: Fernández, Massa y CFK.

Menos todavía podemos esperar de los gobernadores, que ni piensan apartarse de los salones de la oligarquía, de la banca, del capital financiero internacional y de las embajadas, fundamentalmente de la de Estados Unidos, mientras se frotan las manos esperando las regalías por la explotación del subsuelo.

Ni siquiera les preocupa una escalada en la guerra que se desarrolla en Ucrania, y que mantiene al mundo en vilo, por el peligro de una guerra nuclear. Al contrario, el presidente consorte Alberto Fernández, en la reunión de la CELAC, se refirió a las oportunidades que la situación mundial abierta por la guerra abre para los países de América latina y el Caribe. No se refirió a los peligros que asoman por las amenazas de recesiones en las potencias imperialistas y en China, por la inflación que sufren los europeos y por los altos precios del petróleo o del gas. En sus expresiones públicas Alberto Fernández no solo expresa cinismo sino también irresponsabilidad. Es un primer mandatario sordo, cobarde e incapaz para enfrentar los graves problemas sociales del país, y con un oído entrenado solo para escuchar a los adulones que lo rodean y que digitan voluntades. Por eso para él si los países de la región cuentan con recursos como los minerales, los alimentos y la energía, el mensaje esperanzador es para ese grupo minoritario de la burguesía nacional y que recibe oportunidades de negocios del Estado, para los monopolios extranjeros que esperan como aves de rapiña apropiarse de los recursos y para los empresarios que se llenan los bolsillos a costa de la esclavización salarial de millones de trabajadores.

Después de todo, durante la primera y segunda guerras mundiales, muchos negocios prosperaron en la región y en el territorio europeo, epicentro de la masacre de más de 50 millones de personas entre civiles y militares.

En cambio, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina no es tan optimista por la situación que enfrenta el mundo Por eso presionó en público al gobierno y a la oposición para que peronistas y macristas formen ya mismo una coalición para gobernar desde 2023. Estados Unidos necesita definiciones rápidas para un plan estratégico de saqueo y endeudamiento, no recetas de corto plazo, ni quiere esperar agendas electorales. La situación del mundo y de la hegemonía del amo norteamericano están en juego, y los lazos de dependencia deben reafirmarse y consolidarse. Si es por las buenas, facilitaría los negocios y las inversiones. Pero si fuera necesario, también por las malas; el pueblo conoce a la perfección que al colonialismo imperialista no le tiembla la mano para recurrir a métodos genocidas para establecerse y prosperar.