"El punto de partida de la lucha contra el fascismo no es la abstracción del Estado democrático, sino las organizaciones vivas del proletariado en las que está concentrada toda su experiencia y que lo preparan para el porvenir."
LEÓN TROTSKY,
La lucha contra el fascismo
Las libertades democráticas en peligro
En nuestro país los derechos democráticos se cercenan a medida que pasan los años, en primer lugar porque se privilegian, cada vez más, los abusos de poder de las patronales contra los trabajadores, los abusos de los gobiernos provinciales contra las masas populares, se favorece el funcionamiento de una Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Poder Judicial al servicio del poder económico, y desde 2022, se elimina el derecho a votar en libertad, se proscribe a Cristina Fernández de Kirchner, lo cual significa que un porcentaje enorme de trabajadores no pueda votar a CFK en las próximas elecciones presidenciales.
La democracia lograda en el 83, hace cuarenta años, fue producto del combate, de la infatigable lucha de resistencia, con su saldo de miles de víctimas obreras y de jóvenes. La marea democrática se revitalizó en “el 2001” con otro ejemplo de lucha inclaudicable. Las jornadas del 19 y 20 de diciembre culminaron un proceso de ruptura con todas esas direcciones sindicales y políticas de la clase trabajadora que garantizaban paz social para favorecer a la ministra del gobierno de la Alianza, Patricia Bullrich que redujo en un 13% los salarios de los trabajadores estatales y las jubilaciones, como también a Cavallo para que orquestara un sistema de robo de ahorros en cuentas bancarias para salvar el sistema financiero y bancario, al mismo tiempo que conducía la economía hacia la quiebra del Estado. Esa catástrofe económica, política y social fue precedida por despidos masivos de estatales, por cierres y privatizaciones de empresas, reducción de personal donde se perdieron miles de puestos de trabajo como los que sufrió el pueblo jujeño de la zona de Palpalá con la privatización de Altos Hornos, los trabajadores de San Nicolás con la privatización de SOMISA, el cierre de la mina de Sierra Grande en Río Negro, emprendimientos ligados a una rama estratégica como la siderúrgica. Todas empresas presentadas como ineficientes, para venderlas a un valor de regalo a los ladrones de guante blanco, los capitales financieros extranjeros, y así destruir un proyecto productivo y de soberanía nacional.
En 2001, la clase trabajadora impuso sus intereses y los del conjunto de las masas populares para imponer desde una relación de fuerzas favorables, las condiciones económicas, políticas y sociales indispensables para la recuperación de la calidad vida de la familia trabajadora. El rechazo generalizado a una medida antidemocrática como el Estado de Sitio anunciado por De la Rúa por la TV, lanzó al pueblo a las calles, con los cacerolazos, con las movilizaciones constantes, con las asambleas populares, con las fábricas recuperadas, y con todas las formas de autorganización que se impusieron como demostración de que el “Que se vayan todos” era un grito de guerra no un simple eslogan electoral, se exigía un gobierno que profundizara los derechos democráticos, y no lo contrario: lo cual significa respetar el derecho a comer, a la vivienda digna, a la salud pública, a la educación pública, y en resumen, a no pagar deudas fraudulentas al imperialismo con el hambre y la vida de las masas populares. Tanto el aplauso cerrado en el Congreso para aprobar la moratoria unilateral de la deuda externa del circunstancial presidente Rodríguez Saa como la presidencia de Néstor Kirchner no se entienden sin ese contexto.
Para recuperar esa democracia —hoy apropiada por una minoría que maneja resortes del poder con whatsaap y los sobres con dinero que reparte en los recintos—, los trabajadores deben reedificar sus propias fortalezas. Reconstruir las bases de democracia obrera, en sindicatos donde se respete la opinión de la base, en la construcción de partidos o movimientos que sirvan para luchar y avanzar en la conciencia política e histórica de clase. La actividad militante que se necesita es para organizar el combate, no para juntar votos, contra un sistema de explotación que destruye el ambiente, las relaciones productivas y humanas y solo garantiza la renta capitalista, que además en su proceso de descomposición aumenta la actividad parasitaria y el saqueo colonial. En ese marco, la pelea por el reparto de la riqueza se hace cada vez más dura.
Esperar la acción del Estado para la redistribución no fue suficiente, está comprobado que desde sus instituciones se decide en contra de los intereses de los asalariados, y en particular, en la Argentina con una estructura económica dependiente de las potencias ricas, donde gran parte de la torta de las riquezas, se la queda la renta imperialista. Si solo esperamos recibir del Estado, nos dejarán las migajas, mayores sacrificios y pasar hambre, peor aún, corremos el riesgo cierto de que destruyan nuestros últimos bastiones de organización obrera y popular y se deje el camino libre a la reacción política en toda la línea, Morales, Bullrich, Larreta están a la vanguardia de ese proyecto, pero en el peronismo tienen aliados. Además, no es casualidad que se favorezca un fenómeno político como el de Milei, desde el sistema financiero y del capital especulativo.
Los sectores del peronismo que nunca lucharon por la libertad de los presos políticos de Macri, de Morales, incluida a Milagro Salas, que luego colaboraron para que se bajara la bandera de lucha democrática contra la proscripción de CFK, cuando el grito más oído de las masas populares era “Cristina presidente”, ya son enemigos declarados de los intereses de la clase obrera, y para peor muchos conviven dentro de esa unidad armada (Unión por la Patria) para las elecciones, donde se esconden como parte de un movimiento “nacional y popular”, pero cuando se necesita votan medidas, como en Jujuy, del lado del represor y autoritario gobierno de Morales.
En el capitalismo del siglo XIX, el Parlamento cumplía una función aunque sirviera a la burguesía, era el recinto donde se disputaban intereses de las distintas facciones empresariales y oligárquicas, esto no pasa en el siglo XXI, el capitalismo imperialista es sinónimo de monopolización y de concentración económica (las transnacionales de la rama alimenticia, las corporaciones tecnológicas, los holdings de la energía), dominan los Estados para ponerlos al servicio de sus intereses, y donde el saqueo de recursos y la opresión a los países (catalogados como periféricos) es fundamental. El sistema capitalista en su proceso de descomposición deja de lado las instituciones democráticas, produce más armas de destrucción y a la vez, enormes niveles de desigualdad.
“El 1 % más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020 a nivel mundial, … Durante la última década, el 1 % más rico ha capturado alrededor del 50 % de la nueva riqueza.”… “El crecimiento extraordinario en sectores como el de la energía y la alimentación ha disparado de nuevo los patrimonios de los más ricos … 95 grandes empresas de energía y de alimentación han más que duplicado sus beneficios en el 2022 … La dinastía familiar Walton, propietaria del 50 % de la multinacional Walmart, recibió 8500 millones de dólares de dividendos a lo largo de 2022 … la riqueza del milmillonario indio Gautam Adani, propietario de grandes compañías energéticas, se ha incrementado un 46 %. En Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, estos enormes beneficios empresariales han contribuido como mínimo al 50 % del crecimiento de la inflación.
“Las mujeres y las niñas suelen comer en último lugar y en menores cantidades en los hogares, y representan casi el 60 % de la población mundial que padece hambre. Según el Banco Mundial, podríamos estar ante el mayor incremento en la desigualdad entre países y la pobreza desde la Segunda Guerra Mundial. Países enteros se encuentran al borde de la bancarrota. Los más pobres destinan cuatro veces más recursos al servicio de la deuda (en manos de ricos acreedores) que a los servicios de salud pública. Tres de cada cuatro Gobiernos del mundo tienen previsto recortar el gasto público por un importe total de 7,8 billones de dólares aplicando medidas de austeridad durante los próximos cinco años, lo que se extiende a los sectores de la salud y la educación.”
Comentarios
Publicar un comentario