LOS 100 DIAS QUE ESTAN DESTRUYENDO A LA ARGENTINA

 Milei aplica economía de guerra para destruir las fuerzas que se oponen al capital

En este 24 de marzo, a 48 años del golpe de Estado de 1976, los trabajadores rememoraron ese triste capítulo de la historia de la guerra de clases bajo la presidencia de Milei. Un gobierno que desató un ataque brutal contra el nivel de vida de las masas asalariadas, una “terapia de shock”, sin pausa, sin negociaciones de paz, contra el conjunto de conquistas sociales que incluyen el salario, la jubilación, la vivienda digna, la salud, la educación, los servicios escenciales, que deja un tendal de familias sin sustento, durmiendo en la calle y buscando comida en los contenedores de basura.

Milei no es un cambio en relación al servilismo con Estados Unidos, ni representa el primer gobierno en la historia del país que, respondiendo a los intereses de las oligarquías ganaderas y agropecuarias, a los monopolios industriales y al capital financiero nacional y extranjero, adoptó como propios los planes de saqueo y colonización financiera de las potencias imperialistas, en particular de su amo del norte. Los organismos que elaboran estos planes de ajuste son bien conocidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; los mecanismos que utilizan son la deuda, los créditos condicionados tendientes a la eliminación de la soberanía alimentaria, a reparar daños colaterales con ayuda social y la privatización de los recursos públicos. Por causa de esta historia de dependencia y vasallaje, la Argentina ha llegado a esta nueva crisis, donde aumenta el hambre, el precio del pan, la carne y la leche, en un país con una imponente producción cerealera y ganadera.

Un plan destructivo de fuerzas productivas, vaciamiento y saqueo como el que se lleva a cabo, necesita de instrumentos para silenciar, judicializar, intimidar, perseguir, acosar, reprimir y hasta exterminar a la oposición y a la protesta. La creciente militarización contra la movilización de masas se convierte en una amenaza cada vez más real. La vicepresidenta Villarroel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fueron designaciones decisivas para esta tarea. Plan de ajuste y represión al servicio de esa pequeña minoría supermillonaria, gran parte de ella “exiliada” en Uruguay para no pagar impuestos, contra una mayoría trabajadora desbordada por los problemas de supervivencia, en un campo minado de precios prohibitivos de alimentos, medicamentos, alquileres, transporte y servicios esenciales.

Durante los seis años de aplicación de métodos de terrorismo de Estado por la dictadura de Videla, decenas de miles que no habían participado de acciones armadas se constituyeron en sus víctimas, desde obreros, dirigentes y activistas sindicales, políticos, estudiantes, profesores, profesionales, científicos, periodistas, curas, monjas, actores, deportistas e incluso acaudalados empresarios. El plan implicaba sembrar el terror en las universidades, en las fábricas, en las iglesias de los pobres y en los barrios, y obligar bajo amenaza de muerte a buscar asilo político en otros países o a vivir en la clandestinidad. Se quemaron bibliotecas, ediciones completas de libros y revistas, censuraron la cultura, se robaron empresas, campos, y patrimonios familiares por medio de la tortura y el chantaje. Hasta lo inaudito: el plan sistemático de robo de bebés. Todo al servicio de la minoría supermillonaria y del capital imperialista.

La verdad de las torturas y tormentos salió a la luz del día con cada una de las víctimas sobrevivientes, en las historias de cada nieto recuperado por las organizaciones de Abuelas, Hijos y Madres. Organizaciones que recibieron apoyo del Estado después de veinte años de peregrinación en democracia por los pasillos del Congreso, de la Justicia y del poder Ejecutivo. Fueron recibidos por primera vez durante la presidencia de Néstor Kirchner, gobierno electo como producto de esa multudinaria movilización de masas que fue la rebelión de 2001. Un gobierno que profundizó las conquistas democráticas logradas en 1983 con la caída de la dictadura, y que pudo restituir a los trabajadores y al pueblo pobre una parte importante de lo que habían perdido durante los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa, con los recursos provenientes de los altos precios de nuestras exportaciones y también –aunque hoy casi nadie lo menciona– de no haber pagado la deuda externa durante varios años.

Los viejos métodos genocidas de la última dictadura, aunque vuelvan a ser reivindicados por una horda de periodistas de medios de comunicación que acompañan en sus cánticos de guerra a los trolls presidenciales y a los integrantes del gobierno, cada vez que asoman quedan silenciados por la respuesta contundente de las masas. Ya pasó durante el mandato de Macri cuando una movilización de masas derrotó el 2x1, que pretendía mandar a sus casas a los asesinos, violadores, torturadores y ladrones de niños nacidos de madres presas o asesinadas.

Los testimonios vivos de los vejámenes, de las torturas, los fusilamientos y hasta de los vuelos de la muerte se acumulan en las causas judiciales contra los genocidas. El gobierno de Milei pretende ocultarlos, desaparecerlos junto a los cuerpos perdidos, intenta amordazar o desvirtuar la verdad que gritan cada uno de los nietos o hijos de padres desaparecidos e identidad robada.

En este contexto, una joven militante de Hijos fue golpeada, amenazada de muerte y ultrajada en su casa por una banda armada apenas unos días antes de este último 24 de marzo de 2024. Este nuevo ataque contra la vida e integridad de una víctima de la dictadura fue un poderoso detonante para que cientos de miles, bajo el grito de NUNCA MÁS y HAY 30.000 RAZONES PARA MARCHAR, repudiaran en la calle a los actuales nostálgicos de la dictadura que, gracias a Milei, Patricia Bullrich, Macri y sus secuaces, ahora se animaron a salir de sus escondrijos.

En la Argentina la tradición de lucha y de organización de las masas no se perdió en 48 años, menos todavía ocurrirá en 100 días. Las corrientes políticas del clasismo peronista y marxistas alimentaron la lucha heroica de la clase obrera contra la dependencia y por la democracia. Las Madres y Abuelas se constituyeron en el símbolo de la resistencia antidictatorial. Se conquistaron de la mano de nuevas generaciones los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual; también la organización de los “movimientos sociales”, de aquellos trabajadores a los que no los defiende ningún sindicato, pero que gracias a su lucha hoy son la vanguardia ejemplar contra el gobierno hambreador de Milei.

Este último 24 de marzo, en una demostración de masivo rechazo al golpe genocida de 1976 y a quienes lo reivindican desde el poder, una marea humana cubrió las calles y plazas de las principales ciudades de la Argentina. El camino de la resistencia solo se fortalece en cada acción independiente de los trabajadores, y es por esa razón que se necesita liquidar la subordinación al parlamentarismo. La lucha política avanzará con los métodos de la clase obrera, de la huelga, los piquetes y las asambleas de base en los trabajos y en los barrios. Si se quiere recuperar la ofensiva contra la patronal, el gobierno y el colonialismo financiero se necesita la acción directa, en las empresas los barrios y las calles para imponer el pago de la deuda con los más necesitados, recuperar los millones de dólares transferidos al sector más rico de la Argentina, aumentar los salarios con una paritaria nacional que abarque la totalidad del universo laboral, decretar un inmediato aumento de las jubilaciones y la reintegración a sus puestos de trabajo de los despedidos estatales.

El conjunto de los trabajadores debe lograr la coordinación a nivel nacional, intersindical, de forma de sumar a los trabajadores informales, movimientos sociales, cooperativas populares, jubilados, unidos sin banderas partidarias ni electorales para organizar una lucha inclaudicable contra el gobierno, o sea, optar por un camino que garantice liquidar el plan del FMI. Un camino de confrontación contra los enemigos de las fuerzas obreras y populares, una lucha que imponga un giro de 180 grados a nivel nacional, y que supere las reivindicaciones sectoriales de los gobernadores, partidos burgueses opositores y dirigentes sindicales que dividen al movimiento de masas para lograr ventajas y o limosnas en la negociación con el gobierno nacional, las transnacionales imperialistas, oligarquías regionales o patronales, y para mejor instalarse como candidatos en sus próximas batallas electorales.