El gobierno de Fernández debe cumplir con la deuda social, no con el FMI
La pandemia
agudizó y colocó en primer plano, solo en meses, los problemas estructurales
del país. Cualquier política sanitaria para enfrentar esta calamidad no podía
solo limitarse a un número mayor de recursos de salud, como camas de
internación o de terapias intensiva, respiradores y personal médico. La causa
de muchas de las comorbilidades asociadas a sufrir cuadros graves con el
contagio del covid-19 tienen origen en las condiciones de vida que sufre la
mayoría de la población.
La indigencia,
la desocupación crónica, las viviendas precarias sin desagües conectados a
redes públicas ni acceso al agua potable ni a la red de gas. Familias hacinadas
en pocos metros cuadrados, construcciones obsoletas, calles sin pavimento,
insuficientes servicios básicos de limpieza urbana y de recolección de basura,
deficiente y también nula conectividad a las redes de emergencia, de salud y de
comunicación, integran junto a la opulencia desafiante de una minoría cada día
más rica, el paisaje urbano a lo ancho y largo del territorio bonaerense y
nacional.
Nuestro país,
sometido a la dominación colonialista del imperialismo enfrenta la destrucción
despiadada de sus fuentes productivas; la clase media enflaqueció y el sueño de
la casa propia y los hijos universitarios se convirtió en una utopía para la
gran mayoría del pueblo. La historia nacional transcurre bajo el sometimiento a
los intereses económicos del capital financiero y especulativo internacional,
donde las políticas paliativas no destruyeron el modelo de saqueo que avanzó
casi sin obstáculos, de la mano de sus agentes directos locales, que llenaron
sus bolsillos siendo sus fieles sirvientes. Esta soberanía machucada por el
despojo de sus riquezas financieras, productivas, extractivas y naturales, con
millones de trabajadores que no cubren sus necesidades básicas y pelean
diariamente por su supervivencia y la de su familia, además, ahora debe
enfrentar la pandemia sin defensas suficientes.
En esta situación excepcional por la calamidad que sufrimos, el gobierno «popular», como se autodefine Fernández, cumple con el pago –a expensas de las últimas existencias de dólares– a los usureros, especuladores y prestamistas extranjeros y nacionales. ¡Para cumplir con la deuda no hay demoras, ni vale la paciencia ni las nuevas necesidades creadas por la pandemia!
«Ningún país puede pagar su deuda a costa de que su pueblo quede sin salud, sin educación, sin seguridad o sin capacidad de crecer», señaló Alberto Fernández ante la ONU pero, sin embargo, destinó millones a pagar la deuda (pagos efectuados durante los dos primeros meses de gobierno), y continuaron con los planes de negociación tanto con los acreedores privados como con el FMI.
Las tomas de tierras nacen
de la necesidad
Las tomas de
tierras en varios puntos del conurbano es la manifestación más aguda de
familias a la deriva, de jóvenes desocupados que no tienen techo ni
alimentación suficiente. Las tomas desnudan el problema del déficit
habitacional y el abandono de amplias áreas urbanas muy próximas a los lujos de
los barrios cerrados.
Las voces contra
las tomas de terrenos abarcaron todo el arco político desde la oposición hasta
las distintas corrientes peronistas del gobierno. Alertan sobre la ilegalidad y
la inconstitucionalidad, pero no se inmutan, ni siquiera se incomodan, por las
condiciones sociales que sufren millones de personas en los conurbanos de todo
el país. No se han escuchado las mismas voces ni convocatorias indignadas para
erradicar la miseria y la pobreza extrema.
Ni urbanizar
4.400 barrios populares en Buenos Aires ni el plan nacional Procrear atacan los
problemas de fondo, y preanuncian cambiar muy poco para continuar con la
pobreza estructural.
Se debería
gritar a viva voz la necesidad imperiosa de un gran plan nacional de obras
públicas que cubra las necesidades masivas de falta de trabajo, de
infraestructura y prioritariamente de vivienda.
Organizaciones sociales como la Tupac Amaru, cuya dirigente, Milagro
Salas, está presa –acusada por el gobernador jujeño por distintos delitos (no
comprobados) con respecto al manejo de fondos públicos–, tomaron en sus manos
planes de viviendas; en su caso, por medio del sistema de ayuda mutua para su
construcción, y también crearon un sistema de financiamiento para la
construcción de conjuntos habitacionales con salas de primeros auxilios y
espacios deportivos y recreativos. Milagro Salas no fue liberada, pero los
empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción acusados de cobros de
sobreprecios, coimas y un largo etcétera no van presos, como tampoco los
funcionarios que, además de llenarse los bolsillos, eliminaron derechos
económicos, laborales, sociales y políticos establecidos en la Constitución
Nacional.
La justicia
patronal es rápida para endilgarle delitos a Hebe Bonafini y a Milagros Salas
porque participaron de manera activa en planes de construcción de viviendas.
Según los empresarios de la construcción, eso «no les corresponde». Ese es «su»
negocio. A ellos sí «les corresponde» llenarse los bolsillos con plata del
estado y quedarse por monedas con los terrenos fiscales.
Solo son «delitos» cuando
los pobres luchan por un pedazo de pan o de tierra
La burguesía
terrateniente se quedó con millones de hectáreas producto del genocidio de los
pueblos originarios en el siglo XIX, exterminando a mapuches, tehuelches, onas,
mocovíes, tobas, e innumerable cantidad de naciones del Chaco y las cuencas del
Pilcomayo y el Paraná. Hoy la usurpación y el atropello a la propiedad solo se
la considera delito si proviene de familias trabajadoras sin techo, mientras
los señores propietarios de terrenos heredados reclaman enfurecidos que se respete
la propiedad privada y que se castigue el delito de usurpación.
¡Sin embargo
¿cuántas de las actuales fortunas son el resultado de las más grandes y también
más criminales usurpaciones de la historia argentina?!
Como
trabajadores, debemos convocar a la solidaridad con las tomas, con las familias
que buscan una solución a su necesidad de vivienda en momentos en que la
consigna es «quedate en casa» aunque es difícil vivir sin changas, y «mantené
ventilados los ambientes y lavate las manos», algo prácticamente imposible si
las familias viven hacinadas y sin acceso al agua potable.
Es posible que detrás de las tomas existan intereses no santos, pero eso no desmiente que miles de familias no tienen vivienda ni que en nuestros barrios crecen las necesidades de forma diaria. Y si en la organización de alguna toma están metidos los narcos o barras bravas, la culpa es del abandono en que ha dejado el Estado a esas familias, que no son ni narcos ni barras bravas.
El
arma para reclamar es la movilización, es la lucha con los métodos que sean
necesarios para imponer soluciones que los trabajadores están cansados de
reclamar y para encaminar las luchas reivindicativas hacia lograr sus
objetivos.
El
problema de vivienda no se resuelve bajo el capitalismo
La importancia
que adquirió el capital financiero y especulativo en todos los ámbitos de la
economía agudizó el problema habitacional porque la propiedad inmueble se
transformó en valor de lujo al servicio del lavado de plata, de la evasión
fiscal y de los negocios.
La apropiación
de terrenos fiscales a precios irrisorios para los amigos y beneficiarios del
poder o los emprendimientos de bienes raíces tipo barrios cerrados dirigidos a
sectores sociales de altos ingresos invadieron el mercado de la vivienda y de
la tierra urbana. Mientras tanto, las villas miseria crecieron en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en los conurbanos de las
ciudades más importantes de la Argentina.
La destrucción
creciente de la industria de manufacturas acompañó la concentración y el
hacinamiento cerca de las ciudades, ya que estas se convirtieron en fuentes de
trabajo precario para las nuevas camadas de desocupados que engrosaron las
listas de la informalidad y de los planes sociales. Los trabajadores de mantenimiento
edilicio, de la seguridad privada, de limpieza, recolectores de basura,
asistentes en el cuidado de niños, de abuelos y de enfermos, de gremios
gastronómicos y hoteleros, taxistas, choferes de Uber o delivery, vendedores,
cajeros, personal de servicio doméstico, trabajadores de sanidad, de talleres
textiles o gráficos, personal técnico de variados oficios… hoy son cientos de
miles los asalariados mal pagos que en la actualidad constituyen al sector
quizás más numeroso de trabajadores.
La informalidad
laboral y la liquidación de los créditos para acceder a una vivienda han
profundizado y cronificado la crisis habitacional, lo que se resume en cifras
inéditas, ya que uno de cada tres hogares tiene problemas de vivienda.
Si en la
Argentina este problema tiene raíces en su proceso de sometimiento económico,
en los países ricos en las últimas décadas el aumento de los problemas de
habitacionales ha escalado en línea ascendente como lo hizo el Covid. El
antecedente más inmediato fue la quiebra de Lehman Brothers por los créditos
subprime (hipotecas basura), que incendió los mercados y aceleró la crisis
financiera mundial en 2008. Las quiebras de estas empresas y de la banca ligada
a créditos hipotecarios estalló en los Estados Unidos, rápidamente contagió al
mundo y dejó sin vivienda a miles de trabajadores estadounidenses
imposibilitados de continuar el pago de las cuotas de sus planes de
financiamiento.
¡Y esto sucedió
en la tierra de las oportunidades y con una capacidad adquisitiva de las más
altas del planeta!
El problema se
agudizó con los años al compás del aumento de la pobreza. En una de las
ciudades con más multimillonarios del mundo, Los Ángeles, en California, viven
en las calles más de 60.000 personas, los «sin techo», que son los desocupados
y los trabajadores con ingresos más miserables, que no pueden pagar un alquiler
ni financiar el costo de una vivienda propia. Están a la intemperie o en carpas
(solo el 25% tiene acceso a una cama en albergues), mientras las mansiones se
cotizan a más de cien millones de dólares.[1]
En España se dio
un fenómeno similar al de los Estados Unidos: los créditos inmobiliarios,
sostenidos por la especulación financiera, se volvieron impagables para miles
de familias que no solo perdieron la vivienda sino que además quedaron
endeudadas con los bancos de por vida. Y también produjo el fenómeno contrario,
de barrios terminados y recién construidos (en España e Irlanda) que nunca
fueron ocupados porque los precios del mercado resultaron inaccesibles para el
salario medio a los que iban destinados.
En América
latina, por la creciente desigualdad y el permanente crecimiento poblacional de
las ciudades, este fenómeno se agrava a niveles mucho más inhumanos. El
hacinamiento y la precariedad se expanden en las capitales más importantes,
pero a la vez crecen los barrios lujosos para unos pocos y los emprendimientos
hoteleros cinco estrellas. En Brasil, el paisaje típico de una de sus ciudades
más turísticas, Río de Janeiro, son los barrios más pobres, «las favelas», en
lo alto de los morros, y en el llano, los edificios de hoteles lujosos a
orillas del mar. En Uruguay, los «cantegriles» conviven con las mansiones de
Punta del Este; en Lima, Perú, convive el lujoso barrio de Miraflores con los
miserables «pueblos jóvenes»; en la Argentina, proliferan los «countrys»
mientras se agrandan las «villas miseria», que ahora la hipocresía de lo
«políticamente correcto» llama «barrios populares»… y siguen los ejemplos.
Los
problemas estructurales no los resuelven los paliativos
La concentración
de riqueza contrasta con la creciente pobreza de los salarios y de todos los
servicios que asisten a los trabajadores: salud, transporte, educación,
esparcimiento, derecho al espacio público, vivienda.
No es posible la
conciliación de intereses entre las familias multimillonarias como los Rocca,
Blaquier, Bulgheroni o Galperin y las necesidades básicas de millones de
trabajadores cada vez más pobres.
Debemos asumir
la defensa de nuestro futuro y el de nuestros hijos; luchar por un país bajo
otras reglas, que dé por tierra con las injusticias de este sistema patronal en
descomposición. Se necesita planificación nacional económica, urbana y
productiva en función de las necesidades de la mayoría trabajadora, y no a la
inversa como hasta ahora.
Solo bajo el
socialismo se puede iniciar la reconstrucción de la sociedad en el país y en el
mundo. Es la tarea fundamental que deben emprender los trabajadores para
defender la producción, la ciencia y la naturaleza sin desnutrición y miseria
crecientes –como en la actualidad–, y desde 2020 cada vez más expuesta a sufrir
pandemias.
La
acción revolucionaria, los aportes de la Revolución de Octubre, y de las que la
sucedieron
La acción
revolucionaria, instituida como método de transformación de las estructuras
sociales, fue instaurada por la burguesía, pero –como pasa con la toma de
tierras– fue inmediatamente rechazada cuando la clase obrera la llevó a la
práctica.
Después de más
de cien años de la primera revolución obrera, la Revolución Rusa de octubre de
1917, y en un mundo como el actual, bajo el dominio del capitalismo
imperialista, los trabajadores debemos recuperar la memoria de lo logrado por
una vía revolucionaria.
El destino de
esas revoluciones fue muy diferente, pero más allá de sus retrocesos con las
consecuentes pérdidas de conquistas y de la restauración capitalista –proceso
que se dirigió a quitarlas de raíz–, el sentido de estos ejemplos es para
preguntarnos cómo en etapas tan diferentes de la historia del siglo XX
prevaleció el problema habitacional como una de las tareas inmediatas de los
triunfos obreros revolucionarios.
Lo fue en 1917
en la Rusia del imperio de los zares y en un país atrasado y
extraordinariamente extenso; lo fue en Cuba en los años 50, en un país reducido
al territorio de una isla bajo dominio de una dictadura al servicio del
imperialismo yanqui, y en Portugal, un imperio en decadencia, en los años 70.
La clase obrera y las masas populares sufrían miserables condiciones de vida, y
la falta de una vivienda digna era acuciante en todos los casos.
En la Rusia de
los zares, la revolución obrera y campesina creó la primera república
socialista bajo gobierno de los trabajadores de la historia: la Unión
Soviética. El gobierno soviético revolucionario de los primeros años de la URSS
acabó con el problema de la propiedad de la tierra. Uno de sus primeros
decretos establecía: «La propiedad privada del suelo es eliminada; todo el
territorio es declarado propiedad del pueblo y entregado, sin resarcimiento, a
los trabajadores, sobre la base de un uso común del territorio. Todos los
bosques, las riquezas de la tierra, las aguas de importancia colectiva, todo el
inventario móvil e inmóvil (vivo o muerto), bienes de valor e instalaciones
idóneas son declarados propiedad nacional». Y un decreto posterior contenía
la «prohibición referente a cualquier forma de especulación sobre el suelo»[2].
En la Unión
Soviética el precio de los alquileres de la vivienda nunca se modificó desde
1928, y para 1982 los soviéticos destinaban para el pago de la vivienda solo el
2% de sus ingresos.
En Cuba, en
1959, la revolución liquidó el régimen dictatorial y colonialista de Batista,
expropió a los burgueses y organizó la economía y la sociedad bajo
planificación estatal.
Para iniciar la
construcción de viviendas, el gobierno revolucionario intervino las grandes
empresas constructoras enriquecidas ilícitamente, pasó a propiedad del Estado
toda la maquinaria y equipos necesarios para las construcciones de carácter
social. También promulgó leyes, como lo hizo la URSS en sus primeros años, a
fin de eliminar la especulación de los terrenos e intervino en el mercado de
los alquileres. Para el año 1960, otra ley de reforma urbana fijó normas que
convirtieron a los inquilinos en futuros propietarios de viviendas bajo control
del Estado.
Entre 1959 y
1963 se construyeron 85.447 viviendas por parte del Estado. También se impulsó
la construcción de escuelas en lugares de difícil acceso al incrementarse de
forma cualitativa el número de alumnos en los distintos niveles de escolaridad.
Fueron los años en cuales se construyeron innumerables obras para cubrir los
servicios básicos más urgentes de la población.
El proceso
revolucionario y proletario de 1974 en Portugal no llegó al punto de acabar con
la gran propiedad burguesa e imponer una economía planificada y por eso sus
conquistas duraron poco tiempo. Pero durante el período que se inició con el
derrocamiento de la dictadura de Salazar-Caetano, las comisiones de inquilinos
que integraban organismos de base junto a los soldados y los obreros tomaron la
iniciativa de la ocupación de terrenos y de los caserones vacíos de
casatenientes urbanos para restituir ese derecho a miles de familias sin techo.
La única salida
la tienen los trabajadores cuando toman en sus manos la solución a los problemas
más básicos. Bajo el capitalismo las crisis habitacionales crónicas se han
agudizado con el paso del tiempo; ningún gobierno de la burguesía las resuelve
sino todo lo contrario: en las últimas décadas en países de economías
desarrolladas[3]
todos los problemas, entre ellos el de la vivienda, renacen y recrudecen para
las nuevas generaciones. Mientras se mantengan las reglas de una sociedad
regida por la ganancia capitalista y no por las necesidades sociales, nada
tiene solución.
La
toma de terrenos en la provincia de Buenos Aires plantea la necesidad de:
• La más amplia solidaridad obrera y
popular.
• Se debe exigir a los gobiernos nacional y
provinciales medidas extraordinarias para alojar inmediatamente a estas
familias durante el tiempo que exija la construcción de nuevas viviendas.
• Los trabajadores debemos organizarnos
para exigir un plan de emergencia. Un plan urgente de construcción de
viviendas en la provincia y en el país, un gran plan de obras públicas
que emplee a millones de desocupados. Es urgente el inicio de la construcción
de viviendas, de infraestructura vial y de servicios, de escuelas y hospitales,
un plan prometido durante décadas pero que seguimos esperando. No esperemos
más. Se necesitan millones de nuevas viviendas, que contemplen la
erradicación de las viviendas precarias y obsoletas.
• Un plan que debería financiarse con
impuestos a las grandes fortunas, a las empresas monopólicas, a los
terratenientes, a los grandes propietarios inmobiliarios, a los más importantes
productores ganaderos y agropecuarios, a los monopolios exportadores de granos
y a los bancos, aseguradoras y financieras, pero también que implique la
obligación del gobierno de no girar un dólar más para el pago de la deuda con
el FMI ni con los acreedores externos.
• ¡Ni un dólar ni un peso más a las grandes
empresas comerciales, industriales y financieras! ¡Ni un solo sacrificio más de
los trabajadores y el pueblo para los millonarios y el Estado-patrón. Deberíamos
reclamar la expropiación de Vicentín y de todas aquellas empresas que amenacen
con el cierre, despidan, fuguen sus ganancias, evadan el pago de impuestos y no
hagan públicos sus libros de contabilidad para el control de los trabajadores y
del Estado. Redirigir parte de sus utilidades a este plan nacional de obras
públicas.
• Ante la crisis social, sanitaria y
económica que afecta al mundo, a la región y a nuestro país, ningún problema
urgente de los trabajadores y de los sectores populares puede quedar atado a la
agenda ni de los intereses partidarios o sectoriales, ni a las utilidades de
una minoría ni mucho menos a los intereses de los capitales financieros y
colonialistas. Se necesita la participación directa del movimiento obrero y
popular en todos los debates y decisiones legislativas.
• Discutamos de la forma que sea, entre los
compañeros de trabajo, en el barrio, en los comedores, en las cooperadoras y
cooperativas, en los sindicatos, etcétera, cómo organizarnos para imponer
nuestras reivindicaciones más inmediatas y ser protagonistas de las decisiones
políticas.
• Deberíamos repetir la unidad de abajo
lograda para derrotar en las urnas a Macri, ahora para imponer soluciones a
nuestras necesidades. ¡Basta de perder tiempo en mesas de consenso con los
saqueadores del país y de nuestro futuro!
[1] El barrio
Skid Row impresiona… Hay calles del barrio donde las aceras ya no son
transitables, invadidas por un cardumen de tiendas de campaña, montañas de
basura y ratas correteando libremente. Es la otra cara de Los Ángeles, un
submundo a 25 minutos de la riqueza obscena de Beverly Hills y Bel-Air.
[2] La
reconstrucción de la arquitectura en la URSS y otros escritos, M. Wagner,
Berlín, 1929.
[3]. En
Portugal, cincuenta años después de aquel movimiento revolucionario, las cosas
volvieron rápidamente al punto de partida. Hoy la prensa describe que el
negocio inmobiliario y turístico se adueñó del valor de la vivienda en Lisboa y
las principales ciudades: «El impulso al sector inmobiliario y al turístico
como palancas de la recuperación económica ha generado una onda expansiva
que ha expulsado de sus casas a muchos inquilinos, en especial del centro
de las ciudades. Mujeres, personas racializadas [discriminadas por su raza] y
pobres son los principales perjudicados de una de las consecuencias más
funestas del alabado crecimiento económico portugués. Las acciones de los
movimientos por la vivienda digna se están multiplicando…»
(https://www.eldiario.es/)
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